Desaparecidos en Panamá: Rompiendo el mito de las 24 horas y buscando respuestas más rápidas

En Panamá, más de 1,300 personas han sido reportadas como desaparecidas en lo que va del año 2025. Sin embargo, más del 90% de estos casos han sido resueltos. Detrás de esas cifras, hay una nueva unidad especializada, un cambio en la ley y un esfuerzo por romper viejos mitos que todavía pesan sobre el proceso para denunciar la desaparición de una persona.

Gustavo Barragán, fiscal a cargo de la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, explicó que esta oficina, creada mediante la Resolución N°11 del 28 de marzo de 2025, busca centralizar los datos y homologar las buenas prácticas a nivel nacional.

“Actualmente se cuenta con 1,354 denuncias de personas desaparecidas, de las cuales 1,230 han sido ubicadas. Eso representa más del 90% de los casos atendidos”, señaló Barragán.

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El fiscal enfatizó que las desapariciones son reportadas casi a diario, pero también, cada día, las autoridades logran ubicar a personas que fueron dadas por desaparecidas. En la mayoría de los casos, se trata de decisiones personales o situaciones familiares que no constituyen delitos, aunque también existen casos de riesgo, especialmente cuando involucran a menores de edad.

Los niños y adolescentes son una población vulnerable. Todos los reportes deben ser atendidos con la misma seriedad, sin importar si se trata de una evasión o de una desaparición forzada”, recalcó Barragán.

No hay que esperar 24 horas

Una de las principales aclaraciones de las autoridades es que no existe ningún protocolo legal que obligue a esperar 24 o 48 horas para presentar una denuncia.

“Queremos ser claros: no hay que esperar. Si un familiar no aparece dentro de los tiempos acostumbrados, deben acudir de inmediato al Ministerio Público”, afirmó el fiscal.

Esa declaración fue reforzada por la abogada Ivonne María Peña, quien ha participado en comisiones vinculadas con la Ley de alerta Amber y advierte que esta “mala costumbre” de esperar un día completo antes de denunciar no tiene fundamento legal.

“Fue una costumbre, no una ley. Desde septiembre de 2022, cuando se modificó la Ley de alerta Amber, quedó claro que las denuncias deben recibirse de inmediato. Las primeras 24 horas son vitales, y perderlas puede significar la diferencia entre la vida y la muerte”, subrayó Peña.

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La jurista lamenta que aún existan policías o funcionarios que repiten ese consejo erróneo, lo que retrasa las investigaciones. Por otra parte, el fiscal Barragán insiste en que el primer paso es acudir directamente al Ministerio Público, en cualquiera de sus sedes o atenciones primarias, ya que estas oficinas están obligadas a recibir y procesar la denuncia.

La policía tiene la obligación de orientar al ciudadano hacia el Ministerio Público, pero si un familiar no aparece, usted puede ir directamente. No hay que esperar ni tener sospechas confirmadas; basta con la duda razonable”, explicó Barragán.

El fiscal Gustavo Barragán explicó que, una vez recibida la denuncia, se activa de inmediato un protocolo de búsqueda y localización que involucra al Ministerio Público, la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y otras entidades según el caso. La investigación inicia con la verificación de los últimos lugares donde fue vista la persona, llamadas telefónicas, movimientos financieros y revisión de cámaras de seguridad, además del contacto con hospitales, morgues y centros de detención. Paralelamente, se entrevista a familiares, vecinos y allegados para reconstruir las últimas horas conocidas del desaparecido y determinar si la ausencia podría estar relacionada con un hecho delictivo o una decisión voluntaria.

El fiscal también destacó la importancia de que los familiares aporten la mayor cantidad de información posible al momento de denunciar. Entre los datos esenciales están una fotografía reciente, descripción física detallada, ropa con la que fue vista por última vez, dirección del domicilio, lugares que frecuenta, número de teléfono, redes sociales y cualquier enfermedad o condición médica. “Mientras más datos tengamos desde el inicio, más rápido podemos orientar la búsqueda”, recalcó Barragán, añadiendo que incluso los detalles que parezcan menores, como amistades o problemas recientes, pueden resultar clave para ubicar a la persona desaparecida.

La alerta que salva vidas

Peña recordó que la actual estructura de la Ley de alerta Amber, modificada este año, surgió precisamente de una comisión en la que participó la sociedad civil, tras el caso del joven Juan David, cuyo fallecimiento generó indignación y el llamado a reformar los protocolos de búsqueda.

Sin embargo, a pesar de las reformas, todavía persisten deficiencias: alertas que se activan con retraso, sistemas que no comunican eficazmente la información y una falta de presupuesto para hacer de estas herramientas un mecanismo ágil.

“Seguimos viendo alertas que se activan días después o solo por redes sociales. En Estados Unidos, por ejemplo, la alerta aparece en autopistas y teléfonos. Aquí todavía no llegamos a eso”, lamentó.

La abogada también propuso la creación de una alerta para adultos desaparecidos, como existe en otros países, una “alerta rosa” o “celeste”, que permita una respuesta más integral y no limitada a menores.

Investigar sin denuncia formal

Otro punto clave, según Peña, es que la Fiscalía puede actuar de oficio. Si un caso de desaparición se hace público, incluso en redes sociales, la autoridad puede iniciar diligencias sin que un familiar presente una denuncia formal.

Si la Fiscalía tiene conocimiento por medios o redes de un caso, puede investigar de oficio. No hay que esperar que la familia llegue a poner la denuncia”, recalcó.

Un reto de capacidad y coordinación

La nueva unidad del Ministerio Público cuenta actualmente con nueve funcionarios que coordinan investigaciones junto a las subregionales, la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). Aunque los recursos son limitados, Barragán aseguró que el trabajo conjunto ha permitido una respuesta más rápida y organizada.

“Cada caso tiene su propia realidad. Hay investigaciones que se resuelven en 48 horas y otras que requieren meses. Lo importante es que no se detienen las búsquedas”, sostuvo.

Tanto el fiscal como la abogada coinciden en un mensaje central: denunciar de inmediato, no esperar y mantener la comunicación con las autoridades.