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Panamá/Horas después de que se conociera en los medios la resolución de la Contraloría General de la República que ordena el secuestro de sus bienes, cuentas bancarias y vehículos, el exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, rompió el silencio.
En un comunicado Carrizo calificó como “lamentable” que la información sobre el proceso se filtrara a la prensa antes de ser notificado oficialmente, y cuestionó lo que considera una violación al debido proceso y a la transparencia institucional.
Afirmó que este tipo de prácticas “atentan contra el debido proceso y la transparencia institucional”, y aseguró que durante su gestión como vicepresidente y ministro de la Presidencia (2019–2024) actuó “con responsabilidad, honradez y respeto por la ley”. Añadió que está dispuesto a responder ante las autoridades competentes, pero “siempre con hechos reales y transparencia”.
El exfuncionario señaló que se ha mantenido al margen del debate público, pero que ha sido “víctima de innumerables calumnias e injurias”, al tiempo que expresó su confianza en que la verdad prevalecerá.
Al país le aseguro que, de ser necesario, enfrentaré todos y cada uno de los señalamientos que en mi contra pudieran presentarse, que afecten mi honra, y de lo más preciado que tengo: mi familia y mi apellido. Nadie está, ni debe estar, por encima de la ley”, se lee en el comunicado.
La Contraloría General, mediante la Resolución N.° 3757-2025-LEG/PJ del 22 de octubre, ordenó el secuestro de los bienes y fondos del exvicepresidente Carrizo, como parte de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado. Las medidas alcanzan siete cuentas bancarias en entidades locales, tres fincas y vehículos de su propiedad.
Cabe señalar que Carrizo también es investigado por el Ministerio Público, donde existen dos causas en curso relacionadas con presuntas irregularidades durante su gestión.
En caso que la Contraloría, como resultado de su auditoría, detecte algún indicio de irregularidad, le corresponderá presentar la denuncia penal ante el Ministerio Público, que deberá llevar a cabo la investigación penal.
Este es el segundo caso de alto perfil que involucra a un miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en el que la Contraloría, bajo la administración de Anel 'Bolo' Flores, ordena el secuestro de bienes.
En la actualidad, Carrizo intenta ser juramentado en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) , su juramentación ha sido puesta en varias ocasiones en la agenda del foro regional. Sin embargo, no ha encontrado apoyo por su coterráneos que se oponen a que él y el expresidente Laurentino Cortizo sean juramentados.