Chifeando el Tranque
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Panamá/La Fiscalía Anticorrupción detuvo este miércoles a ocho personas, entre ellas cuatro exrepresentantes y sus respectivos tesoreros, como parte de las investigaciones por el presunto uso indebido de fondos públicos del Programa de Interés Social (PDIS), en el marco del controvertido esquema de descentralización paralela.
Las aprehensiones forman parte de la Operación Comunidad, ejecutada en horas de la madrugada por la Fiscalía Anticorrupción en conjunto con unidades de la Policía Nacional, y se desarrollaron en las provincias de Veraguas y Chiriquí, donde también se realizaron allanamientos.
De acuerdo con el Ministerio Público, las diligencias responden a denuncias presentadas por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), sustentadas en auditorías que revelan presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados a obras comunitarias durante el periodo 2019-2024.
Recientemente, Fiscalía ordena a Dirección de Investigación Judicial a ubicar a exrepresentantes de corregimiento por investigación de la descentralización.
En Veraguas, las acciones se concentraron en el distrito de La Mesa, donde fueron aprehendidos dos exrepresentantes y sus tesoreros, señalados por el supuesto delito de peculado doloso agravado, por hechos ocurridos entre 2021 y 2024.
En Chiriquí, los operativos se extendieron a los distritos de Tolé y Dolega. En el primero, se arrestó al exrepresentante de Quebrada de Piedra y su tesorero. En Dolega, fueron aprehendidos otro exrepresentante y su contador, completando así las cuatro detenciones en esa provincia.
En total, participaron ocho fiscales anticorrupción, quienes recabaron evidencia que respalde las investigaciones preliminares por delitos contra la administración pública.
Esta operación representa el primer golpe penal en el caso de la descentralización paralela, una trama que ha generado fuertes cuestionamientos sobre el uso político de recursos públicos. El Ministerio Público reafirmó que mantiene su compromiso con la transparencia, la defensa de los fondos estatales y la lucha contra la corrupción.
Se estima que, entre 2021 y 2024, se transfirieron unos $320 millones a través de esta estructura paralela, con la supuesta intención de financiar proyectos de infraestructura, salud y educación.