Jelou!
En vivo
La Unión Nacional de Propietarios de Farmacia (Unprofa) solicitó al presidente de la República el veto total del Proyecto de Ley 226, que establece descuentos obligatorios en medicamentos para adultos mayores, jubilados y pensionados.
El gremio sostiene que, aunque comparte el objetivo de proteger a esta población, el mecanismo de compensación previsto en la iniciativa resulta “insostenible” para la mayoría de las farmacias comunitarias del país.
El principal cuestionamiento está en la forma en que las farmacias recuperarían el dinero correspondiente a los descuentos. El proyecto establece que estos se compensarían mediante un crédito fiscal contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Según Unprofa, el problema surge porque, en muchos casos, el descuento otorgado sería superior al ISR que debe pagar una farmacia, dejando una diferencia que no podría ser recuperada.
Por ejemplo, el gremio plantea que una farmacia que conceda B/.500 mensuales en descuentos, pero genere solo B/.300 en ISR, tendría un déficit de B/.200. Unprofa considera que esta diferencia representa “una pérdida de capital de trabajo directo e irrecuperable”, y no simplemente un crédito que pueda utilizarse posteriormente.
Unprofa también advierte que el impacto de la medida sería desigual entre las grandes cadenas y las farmacias comunitarias.
De acuerdo con el gremio, las cadenas cuentan con un mayor volumen de transacciones, márgenes diversificados y otras líneas de negocio que les permitirían absorber el costo de los descuentos.
Las pequeñas y medianas farmacias, en cambio, operarían con márgenes de entre 15% y 20%, catálogos limitados por productos de venta controlada y sin economías de escala para compensar las pérdidas.
El gremio sostiene que, si la ley entra en vigencia sin modificaciones, podría provocar el cierre de farmacias comunitarias, una reducción de los puntos de venta en barrios y áreas rurales, mayor concentración del mercado en las grandes cadenas y pérdida de empleos locales.
“Esto no protege al adulto mayor. Lo contrario: lo deja más solo”, advirtió Unprofa.
Como alternativa, Unprofa pidió establecer una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional, el Ministerio de Comercio e Industrias, el MEF y el Minsa.
El gremio propone un mecanismo de compensación real mediante reembolso directo, en lugar de un crédito fiscal diferido. También plantea establecer diferencias en la aplicación de la norma entre una farmacia de barrio y una cadena con miles de puntos de venta.
“Una norma que cierra farmacias comunitarias no defiende a nadie. Los deja a todos más vulnerables”, concluyó el gremio, que aseguró estar dispuesto a negociar una solución que proteja tanto a los jubilados como a la sostenibilidad de las pequeñas farmacias.