Diputada Brenes advierte que plan del Senniaf es insuficiente ante denuncias en albergues; pide separar a la directora

Panamá/Las denuncias por presuntas vulneraciones a los derechos de niños y adolescentes en centros bajo la tutela del Estado volvieron al centro del debate público, luego de que la diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia de la Asamblea Nacional, cuestionara la respuesta institucional frente a la situación del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.

La diputada Brenes, quien interpuso una denuncia por presuntas vulneraciones en centros de atención del Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), señaló que el plan aprobado por la Junta Directiva de la institución resulta insuficiente. En su momento, recomendó la separación del cargo de funcionarios responsables de estos centros, con el fin de garantizar una investigación objetiva, al advertir que estas situaciones no son nuevas y llevan años siendo denunciadas.

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Durante su intervención en el período de incidencias de la Asamblea Nacional, Brenes cuestionó que la directora del Senniaf, Ana Fábrega, no haya sido separada del cargo mientras se desarrolla la investigación. A su juicio, mantenerla en funciones podría entorpecer el proceso y facilitar la posible ocultación de evidencias.

En un discurso, la diputada también criticó las prioridades del Ejecutivo y planteó un cuestionamiento directo sobre el valor que el Estado otorga a la vida de niños y niñas que ya han sido abandonados por sus familias y, según dijo, también por las instituciones encargadas de protegerlos.

La semana pasada, Brenes visitó el CAI de Tocumen junto a otros miembros de la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia. Tras la inspección, se levantó un informe que detalla la presencia de 35 jóvenes en el centro, condiciones deficientes de las instalaciones y diversas situaciones de vulnerabilidad. Entre los hallazgos, se mencionó la existencia de un cuarto de castigo, utilizado presuntamente cuando los menores no acatan las directrices del personal.

En respuesta a la situación, la Junta Directiva del Senniaf sostuvo una reunión extraordinaria este lunes 9 de febrero, en la que aprobó un plan de acción urgente, tras recibir información relacionada con el CAI de Tocumen y otros aspectos del funcionamiento institucional.

Otras reacciones

Por su parte, la diputada Walkiria Chandler manifestó que “en este país pareciera reinar la impunidad y la justicia selectiva. Las únicas personas con penas privativas de libertad son aquellas de mandos bajos. Pareciera ser que el Estado, como engranaje, ha normalizado la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esto tiene que ser un tema de Estado. No podemos permitir que, cada cierto tiempo, tengamos que volver a presentar denuncias porque no se presta atención”.

En tanto, Yamirelis Chong indicó que “se denuncian una vez más las graves violaciones a los derechos de esos niños que se encuentran en esos albergues. Ahora somos ‘chowseros’. Qué lástima que este país quiera desvirtuar luchas tan legítimas como estas sin ver el fondo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir sin darle respuestas a los cientos de niños que eran responsabilidad del Estado y que hoy por hoy están en esos albergues sufriendo?”.

Hoy, también el Luis Carlos Gómez, procurador general de la Nación, acudió al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) para comunicar a la ministra, en su calidad de presidenta de la junta directiva del Senniaf, las medidas de protección adoptadas ante posibles hechos de maltrato en el CAI de Tocumen.

Según la información oficial, las disposiciones se basan en hallazgos preliminares de la investigación en curso. Entre las medidas ordenadas se incluye la protección integral de las víctimas, la prohibición expresa a los indiciados de acercarse al centro, así como la restricción de cualquier tipo de agresión psicológica, verbal, física o patrimonial, y de contacto directo o indirecto con las personas afectadas.

Además, se instruyó al MIDES a adoptar las acciones administrativas necesarias para garantizar el cumplimiento estricto de estas disposiciones, en atención al interés superior de las víctimas y a su condición de especial vulnerabilidad, mientras continúe la investigación.

El Ministerio Público ha señalado que, del 2017 al 2024, se han registrado 49 investigaciones por vulneraciones en estos centros de atención y que de esas 49 investigaciones, 15 ya han concluido con condenas.

Con información de Meredith Serracín.