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Asamblea Nacional: Anteproyecto busca castigar con cárcel difusión de contenido creado con IA que dañe la reputación
La iniciativa presentada por la diputada Dana Castañeda propone penas de hasta 7 años de prisión por difundir imágenes, voces o videos manipulados que afecten la honra familiar.
Presentan anteproyecto de ley para sancionar el uso de IA para difamar y atacar reputación
/ Meredith Serracín
Ciudad de Panamá/La diputada Dana Castañeda presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que modifica el Código Penal con el objetivo de sancionar a quienes utilicen la inteligencia artificial y la edición digital para atacar la reputación y la dignidad de las personas.
La propuesta introduce reformas clave en el ámbito de los delitos contra el honor, un área en la que, según los impulsores de la norma, la legislación local se ha quedado corta ante el rápido avance tecnológico.
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Cárcel por contenido manipulado con IA
El documento establece una pena base de tres a seis años de prisión para quien, mediante el uso de inteligencia artificial (IA), clonación de voz, edición audiovisual o manipulación de imágenes, cree, difunda, publique o comercialice material digital que cause daño a la honra de un ciudadano.
Sin embargo, el castigo penal se eleva de conllevar de cinco a siete años de prisión cuando concurran agravantes específicas. Estas incluyen la propagación del material a través de redes sociales, plataformas digitales o sistemas de mensajería masiva, así como cometer el acto bajo el anonimato, con ánimo de lucro o con fines de intimidación.
"Este proyecto de ley pretende proteger la honra de la familia, de los menores, de las personas discapacitadas, que son afectadas solamente por estar cerca de nosotros... nuestra legislación se ha quedado corta", sustentó la diputada Castañeda durante su intervención.
La diputada proponente aclaró que la medida no pretende atentar contra la libertad de expresión en el país, reconociendo que la calumnia y la injuria ya están despenalizadas en el caso de los servidores públicos de elección popular.
En su lugar, Castañeda argumentó que el propósito central es blindar a los familiares, menores de edad y personas en condiciones de vulnerabilidad, quienes suelen convertirse en víctimas colaterales de campañas digitales de desprestigio.
