Diputados piden cuentas sobre contratos portuarios, ferroviarios y cambios en facturación electrónica
Los diputados enviaron un cuestionario de 17 preguntas a la DGI, cuestionando la decisión de limitar a 100 facturas mensuales el uso del facturador electrónico gratuito para contribuyentes con ingresos de hasta 36 mil dólares anuales, medida que entrará a regir en enero de 2026.
Panamá/La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó el envío de dos cuestionarios dirigidos a instituciones clave: uno a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), sobre las concesiones otorgadas a Panama Ports Company (PPC) y a Panama Canal Railway Company (PCR), así como la gestión de los consulados de marina mercante; y otro a la Dirección General de Ingresos (DGI), para aclarar la reducción en el uso del facturador electrónico gratuito que afecta a miles de emprendedores y microempresas.
Los diputados señalaron que estas solicitudes buscan transparencia y rendición de cuentas, especialmente en contratos de gran impacto económico y en medidas tributarias que inciden directamente en pequeños contribuyentes. “Queremos enviar estos cuestionarios y poder aprobar esta situación para que también tengamos transparencia y rendición de cuentas”, subrayaron en la sesión.
Concesiones bajo la lupa
El cuestionario a la AMP incluye 15 preguntas sobre la supervisión y administración de la concesión de Panama Ports Company, entre ellas, ¿Cómo cumple la AMP con sus funciones de supervisión y administración de la concesión de Panama Ports Company?, Si existen auditorías y supervisión por parte de la AMP, ¿Cómo se explica la discrepancia señalada por la Contraloría sobre el pago de unos 180 millones de dólares por parte de PPC? y ¿Bajo qué artículo del contrato se permite que PPC deje de aportar al Estado durante tres años consecutivos alegando un pago anticipado de 35 millones de dólares?.
En el caso de Panama Canal Railway Company, los diputados pidieron detallar el procedimiento legal de la prórroga del contrato original de 1998 por 25 años adicionales y cuestionaron por qué no se renegociaron mejores condiciones, pese a que la Ley General de Puertos (Ley 56 de 2008) lo permite. También exigieron explicaciones sobre el papel de la AMP en la firma de la adenda de 2021 que extendió la concesión de PPC hasta 2047.
El documento igualmente solicita información minuciosa sobre los 52 consulados de marina mercante, incluyendo nombres, salarios, dietas, viáticos y criterios de designación de los funcionarios.
Facturador electrónico en debate
En paralelo, los diputados enviaron un cuestionario de 17 preguntas a la DGI, cuestionando la decisión de limitar a 100 facturas mensuales el uso del facturador electrónico gratuito para contribuyentes con ingresos de hasta 36 mil dólares anuales, medida que entrará a regir en enero de 2026.
Entre las interrogantes destacan: ¿Cómo justifica la DGI reducir el facturador gratuito a solo 100 documentos mensuales, impactando directamente a microempresas y emprendedores?, ¿Qué porcentaje de los ingresos brutos representará el gasto adicional en facturación electrónica para un negocio que genera exactamente 36 mil dólares anuales?, ¿Se realizó un estudio de impacto sobre cómo esta limitación afectará a microempresas y emprendedores que aún operan con bajos ingresos?
Algunos diputados y ciudadanos han advertido que esta medida puede desincentivar la formalización de pequeñas empresas, al imponer costos adicionales para acceder a sistemas privados de facturación, y exigieron saber si la DGI está dispuesta a revisar la disposición en caso de comprobarse un impacto negativo.