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Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino sancionó la reforma a la Ley 105 de 1973, que reorganiza las juntas comunales y los municipios del país, con el objetivo de ordenar la transición en los gobiernos locales.
Con esta modificación, las autoridades salientes deberán entregar las oficinas en condiciones adecuadas y con la documentación actualizada.
La norma establece que los exrepresentantes o exalcaldes que no cumplan con estas disposiciones podrán ser denunciados por la comisión de delitos contra la administración pública.
La nueva Ley 520 del 27 de abril dispone que, durante el proceso de cambio de mando, las autoridades que concluyan su gestión deberán presentar un informe dentro de los 30 días calendario posteriores al cierre del periodo.
Por ejemplo, se establece en el artículo 31, que con el fin de coadyuvar a un manejo prudente de las finanzas públicas locales, en cumplimiento del principio de responsabilidad fiscal, se fijan los siguientes límites financieros y disposiciones para la gestión financiera gubernamental:
"Para tal efecto, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Autoridad Nacional de Descentralización o la Contraloría General de la República, según corresponda, realizará su examen correspondiente en ejercicio de sus atribuciones legales y podrá negar cualquier desembolso que contradiga el límite dispuesto por el presente artículo, o que peligre inminentemente la operatividad del Gobierno Local para el periodo subsiguiente", se lee en la Ley.
En ese proceso de transición también se deberá entregar un historial que incluya el presupuesto vigente, cuentas bancarias, estados de cuenta, ingresos y egresos, bienes, listado de funcionarios y el paz y salvo de la Caja de Seguro Social.
La propuesta fue presentada por el diputado independiente de Vamos, Neftalí Zamora.