Sistema Penitenciario responde a defensora del Pueblo por pedido de televisores en cárceles: 'No es un derecho'

Ciudad de Panamá, Panamá/El director del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza, respondió este miércoles 20 de mayo a las declaraciones de la defensora del Pueblo, Ángela Russo, quien un día antes había planteado la necesidad de atender las quejas de privados de libertad sobre la falta de televisores en los centros penitenciarios, en medio de la expectativa por la transmisión del próximo Mundial de Fútbol.

Russo afirmó tras recorridos en los centros penales de La Joya y La Joyita que varios reclusos expresaron preocupación por no contar con acceso a televisores, lo que les impediría ver eventos deportivos como el Mundial. La defensora sostuvo que las personas privadas de libertad mantienen derechos fundamentales, incluso dentro del cumplimiento de sus condenas.

En respuesta, Torregroza recalcó que las prioridades del Sistema Penitenciario están centradas en el proceso de resocialización y en condiciones básicas como alimentación, agua y atención general dentro de los centros.

“En este momento, el Sistema Penitenciario está atravesando una situación en la cual las prioridades están enfocadas básicamente en el proceso de resocialización. Para nosotros la prioridad es dotar a los centros penitenciarios de agua y alimentación”, señaló.

El director fue enfático al afirmar que la solicitud de televisores no forma parte de las necesidades esenciales dentro del sistema.

“Poner en la mesa un tema de si es o no un derecho un televisor definitivamente no es lo que estamos contemplando en el Sistema Penitenciario. Categóricamente le puedo decir que no es un derecho”, sostuvo.

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No obstante, explicó que actualmente algunos centros penitenciarios cuentan con televisores comunitarios. Indicó que en La Mega Joya, La Joya y La Joyita existen espacios donde los privados de libertad pueden acceder a programación nacional de forma compartida.

Torregroza también señaló que la institución mantiene como prioridad proyectos estructurales, entre ellos la culminación del centro penitenciario de Colón, así como la gestión de fondos para infraestructura y el pago de compromisos pendientes que, según indicó, rondan los 12 millones de dólares.

Las declaraciones se producen en medio del debate público generado tras las observaciones de la defensora del Pueblo, Ángela Russo, quien defendió que la privación de libertad no elimina otros derechos fundamentales de las personas recluidas, incluyendo el acceso a información y entretenimiento básico.

Con información de Jocelyn Mosquera