El examen de barra es el centro de la polémica en el proyecto aprobado por la Asamblea y en manos del Ejecutivo
El presidente del Conep, Gabriel Diez, explicó que el objetivo de la reunión fue revisar a fondo la nueva normativa, comparándola con la Ley 350 de 2022, que estableció criterios distintos para la certificación de abogados.
Ciudad de Panamá/El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) convocó este viernes una junta extraordinaria para analizar el proyecto de Ley 168, que modifica el ejercicio de la abogacía en Panamá y que actualmente está en manos del Ejecutivo para su sanción o veto.
En el encuentro participaron representantes del Colegio Nacional de Abogados (CNA) y de universidades privadas que imparten la carrera de Derecho, quienes expresaron su preocupación por los cambios aprobados, en especial la eliminación o flexibilización del examen de barra.
El presidente del Conep, Gabriel Diez, explicó que el objetivo de la reunión fue revisar a fondo la nueva normativa, comparándola con la Ley 350 de 2022, que estableció criterios distintos para la certificación de abogados.
Consideramos que la Ley 168 es nociva para los intereses del país y por eso estamos argumentando y viendo todos los puntos de manera tal que le podamos presentar al señor presidente de la República nuestros argumentos colegiados”, afirmó Diez.
Por su parte, el CNA informó que la Presidencia de la República solicitó formalmente que se remitan las observaciones sobre el proyecto. Su vicepresidente, Alexander Hepburn, advirtió que la reforma “desmejora no solo la calidad de la formación del futuro abogado, sino que le brinda la posibilidad abierta, porque no es específica, de que cualquiera pueda ofrecer el servicio de una especie de pasantía”.
Desde la Asociación de Universidades Privadas, su representante Juan Pablo Cardozo defendió la importancia de mantener el examen de barra como un filtro que evalúe conocimientos técnicos y éticos.
Un examen de barra también permite a los estudiantes evaluar sus conocimientos en ética, en valores, en muchos frentes que le permiten al futuro abogado ejercer la profesión”, dijo.
Cardozo señaló además que el examen no debe ser administrado por las propias universidades. “No queremos que sea una de nuestras universidades quien lo aplique, porque seríamos juez y parte, sino que realmente alguien externo lo haga. Eso le genera al país un sentido de transparencia sobre los egresados de todas las universidades, tanto públicas como particulares”.
Tanto el CNA como la Asociación de Universidades Privadas coincidieron en que el proyecto de Ley 168 debe ser vetado por el presidente, al considerar que su aprobación representaría un retroceso en la calidad y regulación del ejercicio de la abogacía en el país.
El pasado 30 de julio, la Asamblea Nacional aprobó modificaciones a la Ley 350 de 2022, eliminando el examen de barra para obtener la idoneidad como abogado en el país. La decisión llega tras intensos debates y críticas sobre la pertinencia de dicho examen.
Con la nueva ley, la Corte Suprema de Justicia solo podrá otorgar el certificado de idoneidad a quienes cumplan con requisitos académicos y prácticos sin la necesidad de un examen adicional.
Con información de Elizabeth González.