Expectativas por informe sobre pruebas a los vacunados

Ciudad de Panamá/Los ojos de la opinión pública están puestos sobre el Instituto de Medicina Legal, que deberá hacer las interpretaciones de los resultados de las pruebas aplicadas a inyectados en las jornadas de vacunación clandestina.

La tarea no es tan simple como parece, dio a entender a TVN Noticias el director del Instituto de Medicina Legal, José Vicente Pachar, quien admitió que, terminadas las pruebas por parte del Instituto Conmemorativo Gorgas, estas fueron entregadas al Imelfc para que los forenses hagan las consideraciones médico legales, es decir la interpretación de los resultados técnicos pasarlos a lenguaje legal, sobre cada una de las personas supuestamente vacunadas contra Covid -19 en jornadas ilegales.

José Vicente Pachar explicó que “respecto al covid-19, las vacunas son algo nuevo que se ha desarrollado a una velocidad vertiginosa, y cumpliendo con los parámetros científicos, hay una serie de factores individuales. Recordemos que en medicina tenemos un axioma: no hay enfermedades, sino enfermos, y las causas y efectos van a ser diferentes en función de cada individuo, sin embargo, a nosotros nos corresponde identificar patrones y decirle a la autoridad como leerse e interpretarse esas pruebas”.

La tarea del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelfc), según se dijo, podía estar lista este lunes para ser enviada al Ministerio Público, aunque se adelantó que ni las 32 personas supuestamente inmunizadas se sometieron a las pruebas ni todos los analizados habrían dado positivo a tener anticuerpos contra Covid-19.

Pedro Meilán, abogado del Ministerio de Salud (Minsa) para efecto de esta investigación, reveló que muchos de los participantes en las pruebas resultaron negativos a la vacuna. “Mientras que no se determine que fueron vacunas de lotes del Ministerio de Salud, o del Estado, no se podrá ir por delito contra la administración pública”, aseguró.

De comprobarse que estas personas fueron inmunizadas con vacunas originales contra el coronavirus y compradas por el Estado, entraría la figura de peculado. De lo contrario, en el caso de Celine Gazal de Esses y Denisse Vega, propietarias de los sitios donde se vacunó clandestinamente, se les podría procesar por falta administrativas, pero no penales, según se explicó.