¿Pueden las 70 mil firmas de Vamos contar como adherentes? Exmagistrado del TE explica la ley electoral

Ciudad de Panamá, Panamá/El exmagistrado del Tribunal Electoral Guillermo Márquez Amado cuestionó los cambios introducidos al proyecto de ley 699, que reforma el Código Electoral de cara a las elecciones generales de 2029, y consideró que la Asamblea Nacional debería revisar algunas de las modificaciones incorporadas durante su discusión.

El proyecto fue aprobado en primer debate por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales y pasó a segundo debate en el pleno legislativo. Entre los temas discutidos están el financiamiento político, las candidaturas de libre postulación, la formación de partidos, la doble postulación y la distribución de curules en circuitos plurinominales.

Márquez Amado manifestó su preocupación por el rumbo que ha tomado la discusión y cuestionó que algunas modificaciones puedan favorecer, según su valoración, a determinadas estructuras políticas. “Yo estoy sumamente preocupado con lo que está ocurriendo en nuestro país porque las cosas, en lugar de ir mejorando, se van agudizando para peor”, expresó.

El exmagistrado sostuvo que uno de los aspectos que más le preocupa es el financiamiento político y su relación con las prácticas clientelistas. En ese sentido, cuestionó los cambios planteados a los topes de financiamiento privado y afirmó que, a su juicio, estos pueden incidir en la forma en que se desarrolla la competencia electoral.

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Vamos y las más de 70 mil declaraciones de voluntad

En Noticias A.M., el exmagistrado abordó el proceso iniciado por la coalición Vamos para constituirse como partido político. El 25 de septiembre, la agrupación entregó al Tribunal Electoral más de 70 mil declaraciones de voluntad, junto con la documentación requerida para avanzar en el proceso de formación de un partido político.

El trámite se desarrolla mientras la Asamblea debate cambios al Código Electoral que incluyen modificaciones a las reglas para la constitución de nuevas organizaciones políticas.

Márquez Amado sostuvo que, bajo las reglas vigentes, las firmas entregadas como parte de la etapa inicial del proceso deben ser revisadas por el Tribunal Electoral y que aquellas que sean verificadas como auténticas pueden contabilizarse como declaraciones de adherentes.

Actualmente, el Código Electoral establece un mínimo de 500 ciudadanos iniciadores para comenzar la formación de un partido político. Además, el requisito vigente para el reconocimiento legal equivale al 2% de los votos válidos de la elección presidencial anterior; con base en los resultados de 2024, ese porcentaje representa 45,503 adherentes. El proyecto de ley 699 plantea elevar ese porcentaje al 3%, propuesta que todavía forma parte del debate legislativo.

“Entonces tiene que contarse de acuerdo con la ley. El Tribunal está obligado a revisar esas 70.000 firmas, aunque las iniciales que establece la norma dicen que 500. Debe revisar todas las firmas”, afirmó Márquez Amado.

No obstante, la entrega de las más de 70 mil declaraciones de voluntad no significa que todas hayan sido reconocidas oficialmente como adherentes. El Tribunal Electoral debe realizar el proceso de revisión y validación correspondiente.

Cuestiona cambios introducidos al proyecto

Márquez Amado también se refirió a otros aspectos que han generado debate, como la doble postulación, las restricciones a las candidaturas de libre postulación, el fuero penal electoral y los mecanismos para la distribución de curules en circuitos plurinominales.

Ante la posibilidad de que el proyecto avance en la Asamblea, consideró que lo responsable sería que los diputados reconsideraran algunas de las medidas aprobadas. “Lo responsable sería que en la Asamblea ella misma reconsiderara esas medidas que tomó”, manifestó.

El exmagistrado también expresó su preocupación por el rechazo que, según dijo, existe entre sectores de la población hacia la Asamblea Nacional. Sobre las modificaciones introducidas al proyecto durante su trámite legislativo, Márquez Amado señaló que la Asamblea tiene facultades para modificar las leyes, pero sostuvo que los diputados deben actuar, según establece la Constitución, en función del interés nacional.

El proyecto de ley 699 fue presentado por el Tribunal Electoral después de un proceso de discusión en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, en el que participaron partidos políticos, agrupaciones en formación, representantes de la libre postulación, organizaciones de la sociedad civil, academia e instituciones públicas.

La Comisión de Gobierno aprobó el proyecto en primer debate, luego de introducir modificaciones y retirar algunos artículos. El texto pasó posteriormente al pleno para continuar su discusión en segundo debate. Entre los asuntos debatidos estuvieron la adjudicación de curules, las alianzas electorales, el financiamiento político, la paridad de género y la posible eliminación de la Comisión Nacional de Reformas Electorales.