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Fiscal colombiana explica cómo se ejecuta la Ley de Extinción de Dominio y sus resultados

Extinción de Dominio

¿Cómo funciona la ley de extinción de dominio en Panamá?

Colombia tiene 25 años implementando la Ley de Extinción de Dominio como una herramienta procesal para afectar las rentas provenientes del crimen organizado, además, permite perseguir los bienes utilizados como producto del delito, ya que la Constitución solo protege a los bienes lícitos, explicó la fiscal Liliana Donado.

Aclaró que, esta Ley no arrebata de manera arbitraria el dominio de las personas, sino que solo se utiliza contra aquellos bienes que después de un proceso con las garantías procesales se logra demostrar que no tienen un origen producto de un trabajo lícito.

Donado señaló que, en Colombia, no solo se aplica contra el narcotráfico, sino contra toda actividad delictiva constituida dentro del código penal.

“Para poder extinguir un bien eso está precedido de una investigación patrimonial, no es que de la noche a la mañana un fiscal decide decretar medidas cautelares sobre un bien. Incluso no hay un tipo en la legislación para investigar y solo cuando tengamos una investigación solida es cuando se dicta la medida cautelar”, explicó.

Resaltó que en Colombia se ha tenido una experiencia exitosa, en el 70% de los procesos se declara la extinción de dominio, pero también hay procesos donde los afectados han logrado controvertir a la fiscalía y ha demostrado que sus bienes son lícitos o si bien son ilícitos él es un tercero de buena fe y exento de culpa.

Donado detalló que el año pasado se elaboró una estrategia para combatir las finanzas criminales’, donde se logró decretar medidas cautelares sobre 7,260 bienes por un valor aproximado de 250,000,000 de dólares, este dinero ingresa al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado que es administrado por una sociedad mixta conformada por el gobierno y la parte privada que se encargan de distribuir los bienes.

Las distribuciones son 25% a la rama judicial, 25 % para la Fiscalía General de la Nación y 50 % es para el gobierno para invertir en proyectos de prioridad.

Según la Fiscal, esta Ley ha permitido desvertebrar las estructuras financieras de las organizaciones criminales.

“Yo creo que los delincuentes le temen más a la extinción de dominio que a la privación de libertad”, aseguró Donado señalando que los delincuentes han sofisticado sus maneras de operar para esconder los bienes.

Destacó la importancia de que Panamá adopte este mecanismo para la lucha contra el crimen organizado, enviando un mensaje de confianza a la población de que solo se persiguen los bienes ilícitos.

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