Fiscalía mexicana pide 39 años de cárcel para exjefe de Pemex por caso Odebrecht

México/La Fiscalía General mexicana pidió 39 años de cárcel para Emilio Lozoya, el exjefe de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), señalado de estar ligado al escándalo de sobornos de la firma brasileña Odebrecht y a otros actos de corrupción.

Una fuente judicial cercana al caso confirmó este miércoles a la AFP versiones de medios locales según las cuales la Fiscalía solicitó dicha pena para Lozoya, el único exfuncionario mexicano de alto nivel investigado por el caso Odebrecht.

La fuente, que pidió no ser identificada por no estar autorizada a declarar, confirmó además que esta pena carcelaria sería por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho.

La Fiscalía también pidió 25 años de prisión para Gilda Margarita Austin, madre del exfuncionario, acusada de ser copartícipe de los hechos de corrupción atribuidos a su hijo, según indicó la fuente judicial.

Lozoya, de 47 años y quien fue cercano colaborador del expresidente Enrique Peña Nieto, se encuentra recluido en una prisión de Ciudad de México desde el pasado 3 de noviembre.

Se espera que el juez a cargo del caso comunique a la defensa de Lozoya la pena solicitada por la Fiscalía.

El exfuncionario, que dirigió Pemex entre 2012 y 2016, fue capturado en España en febrero de 2020 y extraditado a México en julio de ese mismo año.

Llevó su proceso con medidas cautelares como parte de un acuerdo con la Fiscalía a cambio de testificar contra otros presuntos involucrados, entre ellos Peña Nieto, pero los elementos que aportó no fueron considerados de valor y se pidió su encarcelamiento.

La Fiscalía reveló en 2020 que Lozoya declaró que 4,4 millones de dólares desembolsados por Odebrecht sirvieron para financiar la campaña a la presidencia de Peña Nieto en 2012.

Sin embargo, hasta el momento no se conoce investigación alguna contra el expresidente o sus más cercanos colaboradores, entre ellos el excanciller Luis Videgaray.

Lozoya también es acusado de autorizar la compra por parte de Pemex de una deteriorada planta de fertilizantes con un sobreprecio de 200 millones de dólares.