Fundación Libertad Ciudadana rechaza jubilaciones especiales para magistrados
En medio de una crisis fiscal y alta informalidad, la organización pide priorizar la reforma judicial sobre privilegios: "No es el momento para medidas que afecten la confianza ciudadana".
Ciudad de Panamá/La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana emitió un contundente comunicado este martes en el que se opone a la aprobación de aumentos salariales y regímenes especiales de jubilación para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, argumentando que dichas medidas serían "inoportunas, económicamente insostenibles y políticamente arriesgadas" en el actual contexto nacional.
En un momento en que el déficit fiscal de Panamá alcanzó el 7,35% del PIB en 2024, y con una informalidad laboral que supera el 45% de la población económicamente activa, la organización civil considera que cualquier ajuste en las remuneraciones del alto mando judicial debe ser analizado con extrema prudencia.
"El país exige priorizar justicia efectiva, equidad y responsabilidad fiscal sobre decisiones que puedan percibirse como privilegios desconectados de la realidad nacional", señala el comunicado.
El documento hace referencia al estudio “Trabajo judicial en Panamá: Responsabilidad bajo presión” (2024), que revela que, de los 6.700 trabajadores del sistema judicial, solo 544 son jueces y magistrados. Todos enfrentan sobrecarga laboral, escasez de recursos y una mora judicial que afecta la confianza de los ciudadanos en el sistema.
La fundación reconoce que una remuneración justa es clave para atraer talento y prevenir la corrupción, pero insiste en que debe ir acompañada de una distribución presupuestaria equitativa y transparente, que también considere al resto del personal judicial.
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Uno de los puntos más delicados que aborda el comunicado es el periodo de diez años en el cargo de los magistrados, que al finalizar los obliga a reincorporarse al sector privado. Este modelo, señalan, puede generar presiones que afecten su independencia, especialmente al momento de tomar decisiones impopulares pero necesarias.
Sin embargo, en lugar de proponer jubilaciones especiales, la entidad exige un debate amplio y estructural sobre la independencia judicial, que incluya reformas profundas y no solo beneficios individuales.
"Este tipo de medidas no solo serían inoportunas desde lo económico, sino también arriesgadas desde lo político: podrían minar aún más la confianza ciudadana en nuestras instituciones democráticas", advierten.
El mensaje está claro: antes que aumentos o privilegios, Panamá necesita una justicia más eficiente, accesible y equitativa. La propuesta de la fundación no es congelar las discusiones, sino enfocarlas en soluciones sistémicas, como mejorar las condiciones laborales de todos los empleados judiciales, reducir la mora y fortalecer la transparencia.
Con un tono directo y cívico, el comunicado refleja una creciente exigencia ciudadana por mayor responsabilidad institucional. En un país donde la desconfianza en las instituciones sigue en alza, cada decisión que parezca un privilegio puede tener un costo político y social alto.
