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Ciudad de Panamá/Ministros y viceministros de Estado sostuvieron este lunes una reunión con autoridades del sector energético, como parte de la segunda jornada interinstitucional de coordinación para definir la hoja de ruta previa a la construcción del proyecto de Interconexión Eléctrica Colombia–Panamá.
El encuentro se desarrolló en el Salón Paz del Palacio de las Garzas y fue presidido por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac. Durante la sesión se evaluaron los avances alcanzados en los acercamientos con las comunidades ubicadas a lo largo del trazado de la línea de interconexión.
De acuerdo con lo informado, varias comunidades de pueblos originarios han manifestado su disposición a aceptar el proyecto, siempre que se incorporen componentes sociales como la construcción de carreteras, planes de electrificación rural y apoyo a escuelas y actividades productivas.
“Aquí hay temas sociales que debemos ir atendiendo para que el proyecto de interconexión no tenga contratiempos”, señaló Orillac.
El megaproyecto es desarrollado por Interconexión Eléctrica Colombia Panamá S.A. (ICP), empresa conjunta integrada por la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA) y el Grupo ISA de Colombia. La interconexión eléctrica constituye uno de los tres componentes del denominado Corredor Ambiental Sostenible, junto a planes de infraestructura vial y de electrificación rural.
La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la seguridad y resiliencia energética del país, facilitar el intercambio de energía entre regiones y promover oportunidades de desarrollo en los territorios involucrados.
La línea estará compuesta por tres tramos:
Durante las reuniones sostenidas con comunidades de Darién y Kuna Yala, los pobladores han solicitado que el proyecto contemple la construcción de una carretera que conecte la vía Panamericana con Mulatupu, así como la electrificación de 730 viviendas en las comunidades de Nurra, Mortí, Ualá y Sasardí–Mulatupú.
También se planteó el traslado de la Escuela Asnati y la ejecución de acciones de impacto social en áreas como educación, salud, seguridad alimentaria y actividades productivas.
El calendario del proyecto contempla próximas reuniones de consulta en el Congreso Wargandí durante este año, un diálogo con autoridades de Alto Bayano en enero y una sesión con el Congreso Extraordinario Guna Yala en marzo. Además, se informó que este mes deben cumplirse las subsanaciones requeridas en la presentación del Estudio de Impacto Ambiental.
Así mismo, se prevé que a inicios de 2026 se conozca la propuesta del sistema de remuneración y se apruebe el reglamento de electrificación rural, mientras que el esquema de financiamiento del proyecto también deberá quedar definido en ese mismo periodo.