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Panamá/El Gobierno derogó el Decreto No. 10, que regulaba el servicio de transporte terrestre público selectivo de lujo, tras reconocer que la medida generó opiniones a favor y en contra dentro de distintos sectores de la sociedad panameña, especialmente entre los usuarios de estas plataformas.
La decisión se formalizó mediante el Decreto Ejecutivo No. 11 de este 20 de abril [Gaceta Oficial No. 30507] , que deja sin efecto la normativa aprobada días antes, relacionada con el funcionamiento de estos servicios solicitados a través de tecnologías de la información y comunicación, con tarifas pagadas electrónicamente y en efectivo.
De acuerdo con el documento, luego de la publicación del Decreto10 se recibieron múltiples aportes de diferentes sectores, lo que llevó al Órgano Ejecutivo a reconsiderar la disposición y optar por abrir un proceso más amplio de análisis. En ese contexto, se plantea la necesidad de recoger las distintas posturas para establecer una regulación que responda a la realidad del servicio y a las necesidades de los usuarios.
Como parte de esta decisión, el Ejecutivo dispuso “ordenar la conformación de una mesa de trabajo, que estará presidida por el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Comercio e Industrias, Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y la Dirección General de Ingresos”, con el objetivo de construir una nueva propuesta normativa.
Esta mesa deberá reunirse con todas las partes involucradas y presentar una propuesta de regulación del servicio en un plazo no menor de noventa días calendario, en un intento por alcanzar un consenso que permita definir reglas claras para el sector.
La medida se da en medio del debate sobre el impacto de estas plataformas en la movilidad y en quienes dependen de ellas como fuente de ingresos, en un escenario donde el país busca avanzar hacia un marco regulatorio que equilibre las distintas posiciones.
Minutos antes a esta decisión, el abogado y diputado Ernesto Cedeño presentó una demanda contencioso-administrativa para que se declare nulo el decreto ejecutivo que regula las plataformas digitales de transporte, conocidas como servicios de “transporte de lujo”, al considerar cuestionable el reglamento firmado por el presidente de la República y la ministra de Gobierno.