Gobierno avanza en reorganización de la justicia comunitaria y prevé cobertura del 90%

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, aseguró que el Ejecutivo avanza en el proceso de reorganización profunda de la justicia comunitaria, con el objetivo de garantizar su funcionamiento a partir de este mes, tal como lo establece la ley. Explicó que actualmente los jueces de paz están siendo nombrados de forma interina, mientras se prepara un concurso público que definirá los cargos por un período de cinco años.

Montalvo indicó que la prioridad del Ministerio de Gobierno ha sido no dejar vacíos los espacios de atención comunitaria, razón por la cual se activó un despliegue nacional de personal desde finales de diciembre. Según detalló, cerca del 75% del sistema está operando, en distintas regiones del país.

También te puede interesar: Arranca juicio Odebrecht; Jueza seguirá con lectura del auto de llamamiento después de receso de mediodía

La ministra adelantó que espera que para el 15 de enero, al menos el 90% de los juzgados comunitarios estén en funcionamiento, aunque reconoció que existen zonas donde la situación es más compleja debido a jueces que abandonaron los despachos sin realizar la debida entrega de expedientes.

Montalvo habló sobre el hallazgo de irregularidades generalizadas en el funcionamiento previo de la justicia comunitaria. Entre ellas, mencionó denuncias relacionadas con pensiones alimenticias, donde pagos realizados por los responsables no llegaron a los menores beneficiarios, sin que existiera claridad sobre el manejo de esos fondos.

Vea también: Autoridades en Veraguas refuerzan llamado a denunciar tras primer caso de maltrato a un adulto mayor

En cuanto a los reclamos laborales de funcionarios que prestaban servicios hasta el 31 de diciembre, Montalvo aclaró que estos deben tramitarse ante su ente nominador correspondiente, principalmente los municipios, y no directamente ante el Ministerio de Gobierno, salvo que exista un nuevo nombramiento formal.

Finalmente, la ministra hizo un llamado directo a los jueces que aún retienen expedientes o mantienen despachos cerrados, para que procedan a entregarlos voluntariamente. “Lo último que queremos es destinar recursos del Estado en allanamientos ”, sostuvo, al reiterar que el objetivo central es restablecer la confianza y el acceso efectivo a la justicia comunitaria.