Primer día del juicio Odebrecht: culmina entre recursos y pretensiones de las defensas para suspenderlo
La audiencia fue abierta por la jueza Baloisa Marquínez, quien dio paso formal al proceso judicial, en un expediente que ha generado alta expectativa pública por su impacto en la lucha contra la impunidad y la transparencia institucional.
Ciudad de Panamá, Panamá/Después de más de una década de investigaciones y al menos cinco intentos fallidos, Panamá inició este lunes 12 de enero el juicio por el caso Odebrecht, uno de los mayores escándalos de corrupción de su historia reciente. La audiencia fue abierta por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, a cargo de la jueza Baloisa Marquínez, quien dio paso formal al proceso que busca determinar responsabilidades penales por los sobornos y contratos irregulares vinculados a la constructora brasileña.
Durante esta primera sesión, se realizó la presentación oficial de las partes, quedando conformado el equipo acusador y los representantes del Estado. La Fiscalía Especial Anticorrupción asumió la acusación bajo la dirección de la fiscal superior Ruth Morcillo, acompañada por las fiscales Jenisbeth Malek y Thalía Palacios. Por su parte, el Estado panameño participa como querellante a través de los abogados Alexis Rivera y Carlos Antúnez, quienes ejercen la acción civil.
Primer intento: pedido de suspensión del proceso
El primer día estuvo marcado por múltiples intentos de la defensa por frenar el proceso. El primero fue presentado por el abogado Basilio González Espinoza, defensor de Aaron Mizrachi, quien solicitó la suspensión del proceso alegando que un amparo de garantías constitucionales había sido concedido a favor de su representado por el Primer Tribunal Superior.
Sin embargo, la Fiscalía Especial Anticorrupción explicó que, como tercero interesado, interpuso una apelación ante la Corte Suprema de Justicia, la cual fue concedida en el efecto diferido, lo que permite que el proceso continúe mientras se resuelve el recurso.
La fiscal Ruth Morcillo detalló que, conforme al artículo 1138 del Código Judicial, en el efecto diferido “se suspende el cumplimiento de la resolución apelada, pero continúa el curso del proceso en lo que no dependa necesariamente de ello”. La parte querellante respaldó esta posición.
Tras escuchar a las partes, la jueza Marquínez aclaró que solo una orden expresa de la Corte Suprema puede suspender el proceso, y que hasta ahora no ha recibido ninguna comunicación en ese sentido, por lo que el juicio contra Mizrachi continúa.
Segundo y más tenso incidente: los testimonios tomados en Brasil
El momento más acalorado de la jornada se produjo cuando el abogado Carlos Carrillo, defensor del expresidente Ricardo Alberto Martinelli, cuestionó la decisión de la jueza de valorar los testimonios recabados por la Fiscalía Anticorrupción de Panamá en Brasil.
Carrillo sostuvo que esas declaraciones no fueron sometidas al principio del contradictorio, ya que varios testigos declararon bajo reserva, incluso en sedes diplomáticas, lo que —según la defensa— impidió a los abogados interrogarlos o contrainterrogarlos. Además, señaló que Brasil prohibió la práctica de pruebas para Panamá, dejando a las defensas sin posibilidad real de acceder a esos testigos.
Por ello, la defensa solicitó que se declare la nulidad de la decisión de valorar esas pruebas, que incluyen las declaraciones de varios testigos, entre ellos el testigo protegido FECO-001 y Rodrigo Tacla Durán.
La jueza respondió que el tribunal ha intentado, sin éxito, notificar y hacer comparecer a los testigos en Brasil, debido a las restricciones impuestas por la justicia brasileña, y precisó que las incidencias planteadas serán analizadas en la etapa procesal correspondiente.