El Gobierno puso los 'bueyes políticos delante de la carreta jurídica' en contrato con Minera Panamá

Fondos contrato Minera Panamá

Siguen las reacciones sobre uso de fondos del contrato con Minera Panamá

Como un anuncio político catalogó el abogado y experto en temas ambientales, Harley Mitchell, lo expresado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, sobre el uso de los fondos del contrato con Minera Panamá.

Para Mitchell, este tema no solo tiene la arista jurídica ambiental, sino también de administración pública y economía básica, que tienen la característica de ser evidentemente técnicas.

Sin embargo, agrega que el mensaje del mandatario Cortizo carece de metodología técnica correspondiente a la economía, de asidero jurídico en cuanto a administración pública o de derecho y no tiene mayor consideración ambiental.

“Sabemos que la empresa tiene varios procesos pendientes con Mi Ambiente, tiene procesos abiertos con la Fiscalía y todos vimos el año pasado, cómo contamina con impunidad más que cualquier otra empresa en la República”, sostuvo.

A juicio del ambientalista, este anuncio no tiene asidero jurídico y da tumbos hacia el maquiavelismo, además de que procuran anunciar cosas que no tienen todavía, que no están calculadas y que dependen de un mercado volátil, inestable que no depende de ningún panameño, ni de persona en el mundo.

“Colocan el tesoro que es la Caja de Seguro Social como presea, de modo tal de garantizar el apoyo de algunos interlocutores como estos, como las personas de Donoso o como otros actores sociales que han visto injusticia a lo largo de sus vidas y de su condición”, afirmó.

El abogado dijo que en este tema han preferido colocar los bueyes políticos delante de la carreta jurídica que al final servirá para pavimentar o tratar de legitimar un acto que, desde su cuna es ilegal y, por lo tanto, es inconveniente a todo interés, ambiental, social y económico de nuestro país.

Indicó que se está viendo una falta de equidad en el tema ambiental, porque todas las empresas mineras o de cualquier otra naturaleza en la república, deben regirse por la Ley general del Ambiente y los reglamentos, sin embargo, este contrato es un régimen de excepción.

"No esperamos que cumpla con el papel que significa el contrato Ley anterior, que también decía que tenía que cumplir con todas las normas de la república y si el presidente dice que la empresa cumplirá con los códigos, me carece de credibilidad porque ni él, ni el gabinete han cumplido con la normativa que es la que establece cómo se hace las concesiones", puntualizó.

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