Hecho en Panamá en Carnavales
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El Consejo de Servicios Internacionales de Panamá, integrado por más de 30 gremios del país, rechazó enérgicamente las investigaciones del Ministerio Público.
Se quejan de que han ordenado indagatorias y detenciones para abogados, contadores, auditores y otros profesionales, por brindar sus servicios a sociedades anónimas.
Fue a través de un comunicado, que el grupo de profesionales, cuestionó la actuación de las Fiscalías Anticorrupción en investigaciones de alto perfil y blanqueo de capitales.
Consideran que no puede catalogarse como un delito, el servicio que ofrece un abogado, un auditor o un contable, a una sociedad anónima o empresa.
Alfonso Fraguela, del Colegio Nacional de Abogados, expresó que todo nace desde la aparición de los denominados Panamá Papers, donde se "manda un mensaje equivocado", y se cuarta "el derecho de ejercer la profesión los abogados".
El caso más reciente fue el abogado Valentín Martínez, que la semana pasada fue indagado y quedó en detención preventiva, por ser miembro de una sociedad que recibió 600 mil dólares de la cuenta de inversión, Jal Offshore, de Financial Pacific.
La fiscalía investiga a 18 personas por irregularidades en el manejo de más de 4 millones de dólares en esa cuenta.
Luis Chen González, de la Asociación de Profesionales, indicó que las "autoridades han perdido de vista que hay profesionales regulados por la ley" y estas actividades no son ilegales.
Advirtieron que los fiscales no sólo requieren el dominio de las leyes vigentes, sino investigar para luego detener y no detener para luego investigar.