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IMA presenta denuncia penal por decomiso de arroz en residencia de la comarca Ngäbe-Buglé
La denuncia expone que, tras una investigación interna, se comprobó que los bultos fueron previamente vendidos por el IMA a la abarrotería Familia Acosta.
El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) presentó formal denuncia ante el Ministerio Público tras el hallazgo de 39 bultos de arroz con el distintivo de la entidad en una residencia ubicada en la comunidad de El Piro N° 1, corregimiento de Buenos Aires, comarca Ngäbe-Buglé.
El decomiso se realizó durante un operativo de la Policía Nacional el pasado 19 de junio, orientado a la localización de armas y drogas en la zona.
La acción legal fue formalizada por el director regional del IMA en Chiriquí, Luis Alberto Cerrud, quien indicó que el hallazgo representa una posible afectación al patrimonio estatal y a la seguridad alimentaria, dado que los productos estaban destinados a sectores vulnerables a través del programa de Solidaridad Alimentaria.
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Según el informe policial, en la residencia número 54 se encontraban el señor Luis Carlos Mojica Cédeno y la señora Hilaria Acosta Guerra, quienes no figuran como beneficiarios ni como distribuidores autorizados en la base de datos del IMA. En el lugar se encontraron los 39 sacos de arroz de 50 libras cada uno, rotulados con el logo del instituto, lo cual motivó la intervención de las autoridades.
La denuncia expone que, tras una investigación interna, se comprobó que los bultos fueron previamente vendidos por el IMA a la abarrotería familia Acosta, establecimiento registrado bajo el aviso de operaciones a nombre de Nelly Guerra Arenas, quien tampoco figura como residente del inmueble allanado ni estaba presente al momento del operativo.
El IMA manifestó desconocer cómo estos productos terminaron en una residencia ajena a su red de distribución oficial, por lo que solicitó que se investigue la procedencia de los sacos y la posible comisión de delitos contra el patrimonio económico y el orden económico.
La entidad enfatizó que este tipo de productos no están destinados para su comercialización privada, sino para atender las necesidades de comunidades en riesgo social.
Entre las solicitudes incluidas en la denuncia, se pidió al Ministerio Público que oficie a la Policía Nacional para obtener copia autenticada del informe de allanamiento y que se impongan las sanciones correspondientes si se comprueba la comisión de hechos delictivos.
