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Chiriquí/La jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio en Chiriquí, Bienvenida Araúz Chavarría, decretó este viernes 16 de mayo diversas medidas cautelares a 14 personas presuntamente vinculadas a manifestaciones registradas en la zona oriental de esta provincia.
Según informó el Órgano Judicial, las decisiones se tomaron en dos audiencias de solicitudes múltiples realizadas durante la jornada. En ambos casos, la jueza ordenó medidas que garantizaran la presencia de los imputados en el proceso judicial sin llegar a la detención preventiva.
Durante la audiencia matutina, la jueza Araúz escuchó los argumentos de las partes y decidió aplicar dos de las tres medidas solicitadas por el Ministerio Público a nueve ciudadanos. Las impuestas fueron el reporte periódico ante la Casa de Paz más cercana a sus residencias y la prohibición de salida de la provincia, con el objetivo de mantener medidas arraigadas al proceso judicial. En consecuencia, la magistrada ordenó la liberación inmediata de los imputados.
De acuerdo con la información proporcionada por la entidad, a estos ciudadanos se les imputaron cargos por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad contra los servidores públicos.
En la audiencia vespertina, que involucró a los cinco ciudadanos restantes, la fiscalía presentó más cargos. Además del delito contra la administración pública en la modalidad contra los servidores públicos, se les imputó el delito contra la vida y la integridad personal en la modalidad de lesiones personales.
Para este grupo, la jueza desarrollará diferenciadas: cuatro de los imputados deberán cumplir con reporte periódico y prohibición de salida de la provincia, mientras que al quinto solo se le impuso la obligación de reportarse periódicamente.
Previo a decretar las medidas cautelares, la entidad indicó que el Tribunal de Garantías legalizó las aprehensiones de 13 de los 14 ciudadanos y validó la formulación de imputación de cargos presentada por el Ministerio Público. La primera audiencia contó con la representación del fiscal Guillermo Ibarra, mientras que en la segunda estuvo presente la fiscal Yariela Rodríguez.
Los nueve imputados de la audiencia matutina fueron asistidos por los defensores particulares Higinio Salinas y Bernardo Sittón. Por su parte, los cinco ciudadanos de la audiencia vespertina contaron con la representación legal de José Félix González, Walter González y Eduardo Batista.
Las investigaciones judiciales se iniciaron por hechos ocurridos el 14 de mayo del presente año en dos localidades chiricanas: la comunidad de San Juan, en el distrito de San Lorenzo, y el sector de Viguí, en el distrito de Tolé.