En las zonas indígenas hace falta información sobre los derechos sexuales y reproductivos

Las denuncias por supuestas esterilizaciones a mujeres de forma involuntaria en la comarca Ngäbe Buglé revive la discusión sobre quién, cuándo, y cómo deben hacerse estos procedimientos, además de quién tiene la decisión de hacerlo.

La actual Ley 7 del 2013, que autoriza estos procedimientos establece una serie de normas que son consideradas como discriminatorias, sobre todo con los requisitos que solicitan a las mujeres para acceder a la esterilización que son diferentes a los que se les piden a los hombres.

Claudia Vidal, activista de los derechos sexuales y reproductivos, señaló que, según la Ley, el hombre puede esterilizarse desde los 18 años si así lo desea, sin embargo, las mujeres deben esperar a los 24 años, tener dos hijos para hacerlo y una autorización médica.

Para ella también se trata de un tema de información sobre los derechos sexuales y reproductivos de los que poco se habla, pues ha visitado comunidades donde las mujeres no tienen conocimiento ni siquiera de la menstruación, por lo tanto, cuando se habla de métodos anticonceptivos, prevención de embarazos, se encuentran en una total ignorancia.

“Estamos frente a este tema de esterilización y me llama la atención de que hay personas que están diciendo que la ley autoriza de una u otra forma la esterilización y eso es falso. La Ley tiene tres requisitos importantes para que la mujer acceda a la esterilización, este procedimiento debe ser informado, debe informársele los riesgos y que no podrán tener más hijos”, manifestó.

Vidal considera que si de ser ciertas las denuncias, no solo se está vulnerando la autonomía, sino el derecho de acceso a la salud.

Sobre las políticas públicas, aseguró que existen mecanismos porque en otras regiones del país se han aplicado programas como el conocimiento en métodos anticoncepción, y el acceso a los mismos en los centros de salud que han dado resultados.

Destacó que las guías sexuales están muy enfocadas en la abstinencia y no en el uso de métodos anticonceptivos modernos, la necesidad de planes educativos en derechos sexuales, proveer a los centros de salud con estos métodos y capacitar a los promotores comunitarios en la planificación familiar.

Vigil mencionó que según las estadísticas del Centro de Estadísticas y Censo evidencian que la tasa de natalidad más alta del país la tiene la comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro, además la mayoría de embarazos en adolescentes se da en la esta comarca.

“Lastimosamente, existen mujeres de 30 años con más de ocho niños y cuando van al centro de salud se les niega acceder a un dispositivo intrauterino o se les niega la esterilización, entonces por un extremo tenemos las esterilizaciones forzadas y por el otro extremo que se les niega el acceso a la anticoncepción”, expresó.

Reiteró la importancia de educar en derechos reproducción sexuales y reproductivos, para que las mujeres y hombres decidan cuántos hijos van a tener y el Estado debe garantizar el derecho a la familia.