Noticiero A.M.
En vivo
Ciudad de Panamá, Panamá/En la mañana del miércoles 22 de enero, el diputado de la coalición “Vamos”, Jhonathan Vega, presentó ante la Procuraduría General de la Nación una denuncia contra el excontralor de la República, Gerardo Solís, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.
La acusación se centra en la supuesta omisión de cerca de 166 auditorías forenses a diversas instituciones, procesos de licitación, programas gubernamentales y otras actividades relacionadas con varios organismos del Estado. El diputado Vega señaló que estas 166 auditorías habían sido solicitadas y ninguna de ellas habría sido realizada.
“Esto puede ser por negligencia o por algún tipo de encubrimiento, y eso nos preocupa. Ya es hora de que el excontralor tenga que rendir cuentas al pueblo panameño que clama a gritos justicia”, declaró Vega.
Vega también hizo un llamado al Ministerio Público para que tome cartas en el asunto. “Nosotros, como diputados, no solo debemos cuestionar en el Pleno, sino que también es nuestra responsabilidad presentar denuncias ante las entidades correspondientes”, dijo.
La denuncia presentada por Vega busca esclarecer por qué no se llevaron a cabo estas auditorías y determinar si se incurrió en algún delito que deba ser sancionado.
Este reclamo toma mayor relevancia luego de que el nuevo procurador de la Nación, Luis Gómez Rudy, revelara un preocupante atraso en la entrega de informes de al menos 166 auditorías forenses cruciales para investigaciones que se encuentran en curso a nivel nacional.
De acuerdo con Gómez, algunas de estas auditorías habían sido solicitadas desde 2015, y su falta de entrega afecta de forma directa el avance de los casos. “Estos informes son elementos de convicción fundamentales para que los fiscales anticorrupción puedan presentar casos completos ante los jueces”, dijo.
Las auditorías pendientes abarcan una amplia gama de instituciones públicas, incluyendo:
Detalló que los casos relacionados involucran presuntos delitos como peculado, corrupción, fraude en contrataciones públicas y otros actos contra la administración pública.
Con información de Darío Fernández.