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Ciudad de Panamá, Panamá/En su conferencia de prensa de este jueves 30 de abril, el presidente de la República, José Raúl Mulino, abordó uno de los temas más sensibles del debate público actual: el uso de la partida discrecional presidencial. Lejos de evadir la discusión, el mandatario defendió su uso bajo criterios estrictos, asegurando que estos recursos están siendo destinados a atender necesidades urgentes, principalmente en materia de salud.
Mulino enfatizó que su administración ha establecido parámetros claros para la asignación de ayudas a través de la Secretaría Social de la Presidencia, priorizando casos de alta complejidad médica que requieren atención inmediata, incluso en el extranjero. “No hay palancas ni amigos, hay datos objetivos y realidades urgentes por atender”, afirmó.
El presidente explicó que diariamente se reciben solicitudes relacionadas con cirugías cardíacas pediátricas, trasplantes hepáticos y otros procedimientos altamente costosos que muchas familias no pueden cubrir. En estos casos, destacó, el tiempo es crucial: “son situaciones que requieren ayuda de una vez, no dentro de tres o cuatro meses, porque muchas veces es de vida o muerte”.
Según detalló, los criterios de evaluación incluyen un ingreso familiar que no supere los 1,000 dólares, con excepciones justificadas. Bajo este esquema, ya se han beneficiado cientos de pacientes: 20 niños han recibido cirugías cardíacas, 17 infantes han sido sometidos a trasplantes y se han entregado 99 prótesis. Además, 320 familias han recibido apoyo con equipos médicos como camas hospitalarias, audífonos y sillas de ruedas.
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El alcance de estas ayudas también incluye 662 familias beneficiadas con enseres domésticos, 88 con insumos médicos y 97 con cobertura de gastos funerarios. “Estas acciones se hacen con los gastos discrecionales, que son la ayuda más eficiente para quien está en una necesidad acuciante”, subrayó Mulino, quien además agradeció el trabajo de la Secretaría Social por su cumplimiento de parámetros “con estricto control”.
Las declaraciones del mandatario se dan en medio de un debate legislativo impulsado en la Asamblea Nacional, donde se analiza una propuesta para eliminar completamente la partida discrecional. El proyecto, promovido por el diputado Luis Duke del movimiento Vamos, busca reforzar la transparencia en el uso de fondos públicos, estableciendo controles más rigurosos y criterios previamente definidos.
La iniciativa ya fue prohijada y se encuentra en espera de su discusión en primer debate dentro de la Comisión de Economía. De aprobarse, implicaría un cambio significativo en la forma en que el Ejecutivo puede disponer de recursos para ayudas sociales.
Mientras tanto, Mulino dejó clara su postura: mantener este mecanismo, pero bajo un enfoque de racionalidad, transparencia y empatía. “Eso es lo que hacemos y lo vamos a seguir haciendo”, concluyó.
El texto del anteproyecto establece de forma directa el alcance de la medida, señalando que "tiene por objeto prohibir la asignación, manejo y ejecución de partidas presupuestarias discrecionales asignadas a servidores públicos” .
El documento también plantea que los recursos del Estado deberán regirse exclusivamente por el presupuesto aprobado y los mecanismos de control existentes. En ese sentido, indica que “se prohíbe la asignación en el Presupuesto del Estado de partidas presupuestarias cuyo uso sea discrecional de servidores públicos” .
La iniciativa no se limita al Ejecutivo. El anteproyecto amplía la prohibición a una extensa lista de funcionarios, incluyendo al presidente, vicepresidente, ministros, directores de entidades y otros cargos del aparato estatal.
Y es que, en la actualidad hay instituciones que le permiten a su director o administrador entregar becas, donaciones o ayudas.
Otro de los ejes del proyecto es la transparencia. La propuesta establece que todas las entidades públicas deberán publicar información detallada sobre el uso de los recursos, incluyendo transferencias, subsidios y cualquier beneficio otorgado con fondos públicos.
El avance de la iniciativa ocurre en un contexto donde el uso histórico de estas partidas ha sido cuestionado por su falta de controles claros. Durante distintos gobiernos, los montos ejecutados, desde 1994 suman 201.5 millones.
Con datos de la periodista Aminta Bustamante