Esto es lo que propone el proyecto para eliminar la partida discrecional en el sector público

Panamá/Tras más de tres décadas de uso continuo, una propuesta legislativa busca eliminar por completo la partida discrecional presidencial y redefinir la forma en que se manejan los fondos públicos en el Estado.

La iniciativa no solo plantea suprimir este mecanismo, sino también obligar a que todo gasto se realice con controles claros, trazabilidad y criterios previamente establecidos. Por ahora, la propuesta solo fue prohijada, lo que permite que sea discutida en primer debate en la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional.

Lea aquí la propuesta:

En ese sentido, el proyecto impulsado por el diputado de Vamos , Luis Duke apunta a impedir que funcionarios asignen recursos para ayudas o beneficios sin sustento institucional, en busca de reforzar la transparencia, la fiscalización y la rendición de cuentas en el manejo del dinero público.

¿Qué dice la iniciativa?

El texto del anteproyecto establece de forma directa el alcance de la medida, señalando que "tiene por objeto prohibir la asignación, manejo y ejecución de partidas presupuestarias discrecionales asignadas a servidores públicos” .

El documento también plantea que los recursos del Estado deberán regirse exclusivamente por el presupuesto aprobado y los mecanismos de control existentes. En ese sentido, indica que “se prohíbe la asignación en el Presupuesto del Estado de partidas presupuestarias cuyo uso sea discrecional de servidores públicos” .

La iniciativa no se limita al Ejecutivo. El anteproyecto amplía la prohibición a una extensa lista de funcionarios, incluyendo al presidente, vicepresidente, ministros, directores de entidades y otros cargos del aparato estatal.

Se prohíbe la asignación en el Presupuesto del Estado de partidas presupuestarias cuyo uso sea discrecional de servidores públicos. Ninguna autoridad o servidor público podrá destinar recursos públicos a ayudas, subsidios o beneficios individuales o colectivos cuando estos no se encuentren sustentados en programas institucionales previamente establecidos en el presupuesto del Estado", se lee en la propuesta.

Y es que, en la actualidad hay instituciones que le permiten a su director o administrador entregar becas, donaciones o ayudas.

Otro de los ejes del proyecto es la transparencia. La propuesta establece que todas las entidades públicas deberán publicar información detallada sobre el uso de los recursos, incluyendo transferencias, subsidios y cualquier beneficio otorgado con fondos públicos.

Todas las entidades públicas deberán publicar en sus portales institucionales información detallada sobre la ejecución de los recursos públicos, incluyendo traslados de partidas, créditos adicionales, ayuda social, subsidios, becas, transferencias y cualquier otro beneficio otorgado o recibido con fondos públicos. La ley definirá los campos mínimos obligatorios que deben publicarse", dice la propuesta.

El avance de la iniciativa ocurre en un contexto donde el uso histórico de estas partidas ha sido cuestionado por su falta de controles claros. Durante distintos gobiernos, los montos ejecutados, desde 1994 suman 201.5 millones.

Los gastos de mayor a menor

• $55.7 millones en la administración de Ricardo Martinelli
• $41.7 millones durante Juan Carlos Varela
• $31.2 millones en el periodo de Laurentino Cortizo
• $25 millones durante el mandato de Ernesto Pérez Balladares
• $23 millones en el gobierno de Mireya Moscoso
• $22.3 millones bajo Martín Torrijos
• $2.6 millones por José Raúl Mulino entre julio de 2024 y febrero de 2026

La génesis de los cuestionamientos

La Ley de Transparencia exige, desde el año 2002, que el uso de estos fondos sea público y divulgado en la página web del Ministerio de la Presidencia. Estos fondos del Despacho Superior son usados a discrecionalidad de los gobernantes. En ocasiones, las administraciones demoran en subir esta información, lo que por años ha levantado cuestionamientos ciudadanos.

Por ejemplo, la expresidenta Moscoso regaló relojes Cartier y compró ropa y joyas para sí misma con esos fondos; mientras que Pérez Balladares regaló pines de oro y teléfonos celulares.

Puede leer: Partida discrecional: La caja menuda presidencial que siempre ha sido cuestionada

En tanto, los expresidentes Varela y Cortizo han ayudado con cirugías a allegados. Varela pagó un total de $17,420 para una intervención quirúrgica a Rolando López, su jefe del Consejo de Seguridad Nacional. También pagó cirugías a Franz Wever, quien ejercía como secretario de la Asamblea Nacional.

Cortizo, en tanto, giró un cheque por $15,000 en concepto de “respaldo económico” parcial para servicios hospitalarios y de urgencias médicas en la “atención cardiovascular”, en el Hospital Punta Pacífica, para el músico Osvaldo Ayala. El acordeonista sufrió un infarto el 18 de mayo de 2023, por lo que fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos.

También autorizó el desembolso de $15,000 a favor del certamen Señorita Panamá para Miss Universo, en concepto de donación como preparación para el concurso internacional en El Salvador en noviembre de 2023.

Actualmente, y de acuerdo con el último informe publicado, de la actual gestión de José Raúl Mulino, ha gastado en loque va de su gestión $2.6 millones. Solo entre enero y febrero de este año, el mandatario ha gastado $62,443.44. Por ejemplo, en enero adquirió, a El Cazador Collections, Inc., acrílico y óleo utilizados para obsequios de visitas oficiales a presidentes de la CAF, por un monto de $18,190.00.

También brindó apoyo a un niño que requería un procedimiento médico denominado reconstrucción con trasplante microvascular con navegación por osteosarcoma maxilofacial, realizado en el Hospital Universitario Quirónsalud, ubicado en Madrid, España.

También: De Davos a gastos médicos: así usó el presidente Mulino $613 mil de la partida discrecional en el primer semestre de 2025

En febrero, por ejemplo, entregó un apoyo económico a la Liga Provincial de Béisbol de Chiriquí, tanto en la selección juvenil como en la mayor, por $10,000.