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Ciudad de Panamá/En un discurso de una hora y 23 minutos, de tono firme y con una marcada carga política e institucional, el presidente José Raúl Mulino presentó ante la Asamblea Nacional un informe a la Nación en el que defendió sus primeros 18 meses de gestión como un período de “orden”, “decisiones impopulares pero necesarias” y recuperación del control del Estado, tanto en el plano interno como internacional.
Desde el inicio, el mandatario dejó claro el eje que, según afirmó, ha guiado su gobierno: “poner orden donde había caos, reglas donde había privilegios y responsabilidad donde reinaba la improvisación”, subrayando que su administración “no vino a administrar el desorden ni a convivir con él”.
Uno de los primeros y más contundentes temas abordados fue la migración irregular a través del Darién, fenómeno que Mulino calificó sin matices como “un campo de concentración del siglo XXI”. El presidente sostuvo que la crisis migratoria no solo representaba un riesgo humanitario, sino también un problema de seguridad, soberanía y ambiente.
Según el mandatario, “desde los primeros días de gestión recuperamos el control”, lo que permitió saber “quién ingresaba al país, si tenía antecedentes criminales o si era requerido por la justicia internacional”.
Aseguró que el resultado fue contundente: “Logramos reducir el flujo migratorio en más del 99%, y poner fin al drama social”. Con ello, afirmó, que “cerramos también un capítulo doloroso de nuestra historia reciente”.
En el ámbito internacional, Mulino destacó los esfuerzos para sacar a Panamá de listas discriminatorias que, según dijo, “encarecen el crédito, perjudican a nuestras empresas y ahuyentan inversiones internacionales”. Recordó reuniones con líderes como Emmanuel Macron, Pedro Sánchez y Úrsula Von der Leyen, y aseguró que el trabajo diplomático “está dando resultado”.
El presidente anunció que Panamá “dejó de figurar en la lista de jurisdicciones de alto riesgo”, aunque reconoció que “aún nos queda una lista más”, con la meta de salir de ella en 2026.
Sobre la relación con Estados Unidos y el Canal, fue categórico: “el Canal de Panamá está en manos panameñas y así seguirá siendo”, afirmando que se avanzó hacia una relación de respeto y cooperación “sin perder el foco en lo realmente urgente”.
Mulino defendió con firmeza la aprobación de la Ley 462, que reformo las reglas en cuanto a seguridad social, sosteniendo que “mi promesa de salvar la Caja de Seguro Social es hoy realidad”. Informó que “hace apenas tres días realizamos el primer aporte de 966 millones de balboas”, enfatizando que “este no es un anuncio, es un resultado concreto”.
Negó cualquier esquema irregular para lograrlo: “no hizo falta ningún contrato chimbo, ni ninguna empresa extranjera”, recalcando que “la plata salió de los recursos propios del Estado”.
En salud, enumeró hospitales inaugurados, reducción de mora quirúrgica y nombramientos, insistiendo en que “para nosotros no hay pacientes del Minsa o de la CSS: hay un panameño o panameña que necesita ser atendido”.
En su informe Mulino también destacó la rehabilitación de más de 6,000 kilómetros de carreteras, la operación de 1,090 buses de MiBus en 133 rutas en Panamá y San Miguelito, así como el avance de la Línea 3 del Metro, cuyo túnel bajo el Canal de Panamá ya progresa hacia el corregimiento de Balboa.
A ello se suma un 30 % de avance del Cuarto Puente sobre el Canal, además de la reactivación de proyectos viales estratégicos, como la Interamericana Este hasta Yaviza y el intercambiador de Chitré, el cual —según indicó— permaneció paralizado por más de una década.
En el eje social y de desarrollo humano, la administración resaltó la entrega de 1,510 viviendas, con 513 adicionales listas para adjudicación, así como la implementación de mecanismos de financiamiento que ya benefician a más de 2,600 familias, mediante convenios con la banca estatal.
En materia de agua potable y saneamiento, se adjudicaron nueve plantas potabilizadoras, se culminó el acueducto de Isla Colón y se ejecutan proyectos en Howard, Sabanitas y David. Además, se construyeron más de 150 pozos, reduciendo brechas históricas en comunidades urbanas y rurales.
En uno de los bloques más técnicos del discurso, el presidente describió un panorama económico heredado que calificó como crítico. Señaló que “desde diciembre del 19 hasta diciembre del 24, la deuda pública creció en 22,718 millones de balboas”, alcanzando “53,737 millones”, sin obras que lo justificaran.
Criticó que ese dinero equivalía a “11 puentes sobre el Canal, o a 48 hospitales del niño”, que “no fueron hechos”, calificándolo como “una verdadera vergüenza nacional”.
No obstante, afirmó que su gobierno logró reducir el déficit y mantener el grado de inversión, destacando que “las dos calificadoras más importantes del mundo: Moody’s y Standard & Poor’s, mantuvieron el grado de inversión”.
Desde el plano económico, productivo y de modernización del Estado informó que el sector agropecuario superó los 1,100 millones de dólares en PIB durante el primer semestre del año, mientras que la Zona Libre de Colón registró un movimiento comercial superior a 23,000 millones de dólares, junto con la incorporación de 228 nuevas empresas.
En turismo, las llegadas de visitantes crecieron cerca de 6 %, mientras que los ingresos aumentaron alrededor de 9 %. En cuanto a transformación digital, la plataforma Panamá Conecta alcanzó 480,000 usuarios activos, con la emisión de 900,000 récords policivos digitales, lo que posiciona a Panamá en el puesto 32 de 198 países en el índice GovTech del Banco Mundial, como reflejo de una gestión orientada a resultados medibles y eficiencia institucional.
Uno de los momentos más tensos del discurso fue la crítica directa al sistema judicial. Mulino cuestionó lo que denominó “una extrema flexibilidad disfrazada de garantismo”, señalando que “ha sido el fracaso en la lucha contra el delito en América Latina”.
Fue enfático al marcar una línea moral. “Los homicidas son los malos, los inocentes asesinados son las víctimas”, insistiendo en que “esto no es Justicia” cuando los delincuentes regresan rápidamente a las calles. Incluso propuso que “una vez por semana, los jueces que toman estas decisiones” expliquen públicamente sus fallos. También planteó que en el sistema penitenciario, más de 1,600 privados de libertad se graduaron como parte de programas de resocialización.
Por otro lado, el mandatario dijo que "reconozco públicamente la eficiencia de la Contraloría General de la República, que refrendó más de 71 mil millones, canalizados de manera oportuna hacia la ejecución de programas, proyectos y obligaciones del Estado, disminuyendo así tiempos a través de un ejercicio de control eficaz, transparente y sin dilaciones".
Hacia el cierre, Mulino planteó los desafíos de fondo. Afirmó que la educación panameña “no está a la altura de las circunstancias de este nuevo mundo” y anunció su intención de impulsar una nueva ley educativa, asegurando: “no vendré con más paliativos ni soluciones temporales”.
El mandatario reafirmó dos propuestas sensibles: “la reducción del tamaño del Estado” y “la necesidad de un cambio constitucional”, aclarando que el objetivo es “generar eficiencias y ahorros”, no eliminar derechos.
Destacó que la necesidad de impulsar una nueva Constitución, mediante un proceso constituyente originario, capaz de ejercer plenamente su función modernizadora y responder a las realidades del país.
El año que pasó, se han realizado más de 300 charlas y conferencias dirigidas tanto a la ciudadanía como a servidores públicos, alcanzando a más de 200 mil panameños en áreas urbanas y rurales. Este proceso continuará en 2026, profundizando la alfabetización constitucional. Si este Estado no se reforma, fracasaremos. Soy testigo de que el sistema jurídico-político vigente, no funciona, y se requiere su democrática reforma", dijo.
Añadió que, nadie puede decir que este proceso obstaculizará el desarrollo o el crecimiento. Tampoco pueden decir que “afectaría” el clima propicio para la inversión privada. O es que acaso, lo que tenemos facilita esa inversión o evita la corrupción en los estrados de la vida nacional.
"No pongamos excusas para no hacer. Invocar la voluntad del pueblo soberano jamás será un obstáculo, salvo para los eternos beneficiarios del status-quo. Ya se hizo en 1946. ¿Por qué no podemos ahora?"
Mulino cerró con una advertencia política clara: “Los hechos y los resultados siempre terminan imponiéndose al relato”, dejando ver que su gobierno apuesta a la ejecución por encima del discurso, incluso a costa del desgaste político.