Un juzgado absuelve a nueve personas acusadas de peculado
Un juzgado de Panamá absolvió a nueve personas acusadas de peculado en perjuicio del Ministerio de Obras Públicas por la adquisición con supuestos sobrecostes de bienes y servicios para atender una emergencia nacional causada por las lluvias en el 2010.
Las personas absueltas son Jorge Perivancich, Jonel Carol, Alfredo Yáñez, Julio Ángel Ross, Luis Saavedra, Ibeth Vázquez, Erika de García, Juan Bautista Zamora y Ricardo Antonio López, informó este viernes el Órgano Judicial.
El juez suplente especial, Andy Gutiérrez, basó su decisión en que "no existe un informe de la Contraloría General", que es "una pieza fundamental para valorar la responsabilidad penal en este tipo de delitos", indicó un comunicado oficial.
Además, "se estableció que uno de los auditores que realizó el informe de auditoría interna carecía de idoneidad de contador público autorizado (...) por lo que no se pudo utilizar dicho informe para decidir responsabilidad penal", indicó el Juzgado Decimotercero de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.
El juez suplente especial indicó que dentro del proceso "no consta otro elemento probatorio que lleve a este Tribunal, a la convicción de determinar o conocer con certeza cuál fue la participación de los procesados".
La sentencia absolutoria "señala que no se evidencia dentro del sumario alguna promesa de pago, donación o beneficio, que los procesados hayan recibido, de estas empresas beneficiadas, que los llevara a exceptuar el procedimiento de selección de contratistas, y de esa manera adjudicar de manera directa órdenes de compras a empresas, que no ofrecían el mejor precio para el Ministerio de Obras Públicas".
"Tampoco se realizó ninguna diligencia de inspección ocular a las cuentas bancarias de los funcionarios involucrados en este proceso penal, que permitiera determinar la existencia de algún tipo de transacción o transferencia sospechosa, para la fecha de los hechos", de acuerdo con la información oficia.
El Órgano Judicial recordó que este caso guarda relación con una denuncia presentada en mayo de 2014 para que se investigará los supuestos sobrecostos en la adquisición de bienes y servicios que se requerían para conjurar situaciones relacionadas con el Estado de Emergencia Nacional que declaró el Consejo de Gabinete, el 10 de diciembre de 2010, producto de las fuertes lluvias, que provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra".