No se requería legalizar las pruebas, audiencia a Martinelli fue innecesaria

La asistencia judicial pedida a las autoridades de Brasil, como parte del proceso penal seguido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al expresidente Ricardo Martinelli por irregularidades en la compra de comida deshidratada, no requieren de control posterior de un juez de garantías.

Así lo decidió hoy el magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía, en la audiencia control celebrada hoy jueves 15 de septiembre, a fin de legalizar unas pruebas sobre a la compra de los alimentos deshidratados que hizo la empresa Lerkshore International Limited a otra compañía brasileña Prativita Alimentos Nutricionais.

Posteriormente, Lerkshore International Limited vendió el producto comprado en Brasil, al Programa de Ayuda Nacional (PAN) en un contrato por 44.9 millones de dólares. El contrato fue suscrito durante el gobierno de Martinelli (2009-2014).

En la audiencia el magistrado fiscal Oydén Ortega pidió que se legalizaran las pruebas que le enviaron desde Brasil, vía asistencia judicial.

No obstante, Mejía determinó que esa asistencia judicial no está dentro de los actos que requieren control posterior o legalización por parte del juez de garantías.

Por esa razón, Mejía negó la solicitud al magistrado Ortega.

Además, Mejía rechazó una segunda solicitud que efectuó Sidney Sittón, uno de los abogados de Martinelli, para que se concluyera la investigación al haberse agotado el plazo de 6 meses.

Sobre esa petición, el magistrado Mejía indicó que no se ha vencido el plazo de investigación porque el mismo se empieza a contar desde que se da la imputación de cargos y este trámite, no se ha dado.

Previo a este acto, Ortega solicitó al magistrado Mejía que convocara a una audiencia para la imputación al expresidente Martinelli.

No obstante, no se ha anunciado la fecha en que se hará esa audiencia de imputación.

Detalles de lo ocurrido

La audiencia inició a las 2 p.m. en el salón de audiencias del Segundo Tribunal Superior ubicado en el Palacio de Justicia Gil Ponce, de Ancón.

Ortega fue el primero en hacer uso de la palabra para pedir que se legalizaran las pruebas que le enviaron las autoridades judiciales de Brasil. "Por razón de transparencia he pedido el control, pese a que no estamos obligados a hacerlo", dijo Ortega.

Por su parte, Sidney Sittón, abogado defensor de Martinelli, argumentó que estas pruebas que llegaron desde Brasil no vinculan al exmandatario y además son ilegales porque se venció el plazo de 10 días hábiles para someterlas al control del juez de garantías.

Sittón hizo otra petición adicional durante la audiencia, al solicitar que se concluya el plazo de investigación en este caso de la comida deshidratada que es de 6 meses.

Ortega se opuso a esta petición porque a su juicio el plazo de investigación comienza a correr desde que se da la imputación de cargos, y este trámite aún no se ha cumplido.

Luego de esto, a las 2:45 de la tarde, el magistrado Mejía decretó un receso para resolver tanto la legalización de las pruebas que llegaron de Brasil, así como la solicitud de concluir la investigación.

Una hora después, Mejía reanuda la audiencia y anunció la decisión en la que rechazó ambas peticiones.

Martinelli ausente, envió a cuatro abogados

Martinelli no asistió a la audiencia de hoy y en su lugar es asistido legalmente por los abogados Sittón, Carlos Carrillo, Dimas Guevara y Leonardo Paul.

El caso de la comida deshidratada es una de las siete investigaciones que se le sigue a Martinelli en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La CSJ admitió esta investigación a Martinelli por supuesta comisión de delito de peculado desde el 28 de enero de 2015.

Para que se haga la imputación se requiere la presencia de Martinelli, que actualmente vive en Miami, Estados Unidos.

La CSJ ha solicitado la extradición de Martinelli para que enfrente el proceso penal por los pinchazos telefónicos. Esa extradición aún no se ha hecho efectiva.