Por contaminación de los ríos La Villa y Estivaná, 8 empresas son llevadas a audiencias

Contaminación ríos Azuero

Las empresas que son investigadas, a las que les ha suspendido operaciones como medida de protección, deberán realizar las adecuaciones a sus sistemas en un periodo de 15 días

Verifican niveles de contaminación en un río de la región de Azuero. / Cortesía/MiAmbiente

Azuero/Se trata de ocho audiencias realizadas en los juzgados de garantías de la provincia de Los Santos a empresas dedicadas a la producción porcina, lechera y de productos lácteos y una inmobiliaria, a las que se les aplicaron medidas de protección ambiental y urbanística, que consisten en la suspensión de operaciones, por la presunta comisión de delito contra el ambiente, en perjuicio de los ríos La Villa y Estivaná.

Referente a una empresa dedicada a actividades porcinas, ubicada en Llano de Piedras, distrito de Macaracas, el juzgado aplicó la medida de protección recomendada por el Ministerio de Ambiente e impuso un plazo de 15 días para adecuar los hallazgos de la finca; mientras que, en el caso de otra empresa dedicada a la producción de lácteos, se otorgó un término de dos meses para que se cumplan con las condiciones establecidas por la entidad ambiental.

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En otras dos audiencias, sobre casos de fincas porcinas en el distrito de Macaracas, igualmente se concedió un plazo de 15 días para que se subsanen los hallazgos realizados por las autoridades.

También fue llevada a audiencia la empresa que desarrolla un proyecto de barriadas, igualmente en Macaracas, estableciéndole un término de tres meses para que modifique el sistema de tratamiento de aguas residuales y tanques sépticos, ante el presunto impacto ambiental causado al río La Villa; mientras que, en la otra audiencia, el juez ordenó la suspensión temporal por 15 días de las actividades de reproducción de una finca porcina, que se dedica a la cría de 3,900 cerdos.

En las últimas dos audiencias, realizadas ayer miércoles, el Ministerio Público solicitó la imposición de una medida de protección ambiental y urbanística sobre las fincas donde el Ministerio de Ambiente había dispuesto medidas de suspensión de actividades y la obligación de subsanar los hallazgos detectados.

Las investigaciones por delito contra el ambiente en perjuicio de los ríos La Villa y Estivaná iniciaron mediante denuncias ciudadanas, difundidas en redes sociales, que advertían de la contaminación que dejó a comunidades de las provincias de Herrera y Los Santos sin agua potable.

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