Exfuncionarios de alto perfil investigados: estos son los casos y su situación judicial
Varios exfuncionarios de alto perfil de la administración de Laurentino Cortizo (2019-2024) han quedado bajo la lupa de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público por presuntos delitos contra la administración pública, enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, entre otros.
Las investigaciones por diversos delitos contra la administración pública se han convertido en una constante en el país. Durante los últimos años, exfuncionarios han desfilado por las salas de audiencia del Sistema Penal Acusatorio para enfrentar los cargos que les han imputado en los que se debate el origen de bienes y cómo logran justificar el crecimiento de sus patrimonios durante el periodo en que ocuparon cargos dentro del Gobierno.
El escenario también ha alcanzado a exministros e incluso expresidentes, algunos de los cuales han sido condenados en procesos como New Business y Blue Apple, mientras que el caso Odebrecht aún está pendiente de una decisión de fondo por parte de la jueza Baloisa Marquínez, quien se acogió al término para decidir el pasado 27 de febrero.
A estos antecedentes se suma ahora una nueva serie de investigaciones, y es que varios exfuncionarios de alto perfil de la administración de Laurentino Cortizo (2019-2024) han quedado bajo la lupa de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público por presuntos delitos contra la administración pública, enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, entre otros.
Cabe resaltar que los procesos se encuentran en distintas etapas: algunos ya tienen imputación de cargos y medidas cautelares, mientras que otros están en etapa de investigación previa o incipiente, apenas han sido remitidos al Ministerio Público para determinar si hay elementos que sustenten la existencia de un delito y su relación con exfuncionarios.
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Esta es la cronología de los principales casos:
Julio de 2025: Bernardo Meneses
Uno de los primeros casos de alto perfil en avanzar a una etapa judicial en este último bloque de investigaciones que tocan a administraciones presidenciales, es el del exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Bernardo Meneses.
El 8 de julio de 2025, una jueza de garantías le imputó cargos por el delito de enriquecimiento injustificado y ordenó su detención provisional. La investigación surgió de una auditoría de la Contraloría que estableció un supuesto incremento patrimonial no justificado de $419,331.
Meneses también enfrenta investigaciones relacionadas con presunto peculado y blanqueo de capitales, vinculadas a irregularidades en la entrega de auxilios económicos del Ifarhu.
Una de las auditorías señala posibles irregularidades en la distribución de aproximadamente $24 millones en auxilios económicos. La defensa ha sostenido que parte de los movimientos financieros cuestionados correspondían a actividades políticas y donaciones de campaña.
En 2026, una de las investigaciones por presunto peculado por extensión fue declarada causa compleja, otorgándose seis meses adicionales al Ministerio Público para continuar las pesquisas.
En septiembre de 2026, un tribunal confirmó que Meneses debía continuar en detención provisional. Además, la defensa no logró acumular dos de las investigaciones que enfrenta.
Situación actual:detenido provisionalmente y con varias investigaciones abiertas por presunto enriquecimiento injustificado, peculado y blanqueo de capitales.
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Agosto de 2025: Luis Oliva y el caso Listo Wallet
El exdirector de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, quedó vinculado en agosto de 2025 a una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de la plataforma Listo Wallet, utilizada para gestionar pagos del Vale Digital y otros programas estatales.
La Fiscalía investiga posibles delitos de peculado, asociación ilícita para delinquir y corrupción de servidores públicos. En ese expediente también fueron investigados empresarios y una exasesora de Oliva.
En septiembre de 2025, Oliva quedó con medida de reporte periódico dentro de ese proceso, después de que un juez declarara ilegal su aprehensión inicial.
Sin embargo, el exfuncionario posteriormente enfrentó un segundo proceso, esta vez por presunto enriquecimiento injustificado.
- Mayo de 2026: nuevo proceso contra Luis Oliva
El 29 de mayo de 2026, Oliva fue nuevamente aprehendido, esta vez por una investigación de presunto enriquecimiento injustificado.
Según la Fiscalía, una auditoría de la Contraloría estableció un diferencial patrimonial superior a $937 mil respecto de los ingresos que obtuvo durante su trayectoria como funcionario.
Un juez de garantías ordenó su detención provisional, medida que posteriormente fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones.
Situación actual:permanece en detención provisional por el proceso de enriquecimiento injustificado y mantiene además el proceso relacionado con Listo Wallet.
Enero de 2026: José Gabriel Carrizo
El exvicepresidente de la República José Gabriel Carrizo pasó de una investigación patrimonial a un proceso penal.
La investigación se originó en una auditoría de la Contraloría que detectó un supuesto enriquecimiento no justificado de aproximadamente $1.9 millones. En noviembre de 2025, la Contraloría había ordenado el secuestro de bienes y cuentas bancarias por hasta $1.3 millones.
El 28 de enero de 2026, una jueza de garantías legalizó su aprehensión, le imputó cargos por enriquecimiento injustificado y ordenó arresto domiciliario e impedimento de salida del país.
En agosto de 2026, el Ministerio Público confirmó que había finalizado el escrito de acusación, por lo que el caso está a la espera de la realización de la audiencia de fase intermedia para establecer si es llamado a juicio.
En septiembre, el Tribunal Superior de Apelaciones declaró ilegal la aprehensión de uno de los apartamentos vinculados al exvicepresidente, aunque el proceso penal continuó y Carrizo se mantuvo bajo arresto domiciliario.
Situación actual: acusado por presunto enriquecimiento injustificado; el caso se encuentra en camino a la fase intermedia y mantiene arresto domiciliario.
Junio de 2026: Noriel Araúz
El exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz, quedó bajo investigación luego de una auditoría de la Contraloría relacionada con actuaciones durante su gestión.
La auditoría fue presentada el 9 de abril de 2026 y la Contraloría remitió la denuncia penal al Ministerio Público el 30 de junio.
En julio, Araúz fue llevado ante un juez de garantías, quien le imputó cargos por presunto enriquecimiento injustificado agravado y ordenó su detención provisional, al considerar que existía riesgo de fuga.
Posteriormente, un tribunal confirmó que debía permanecer detenido durante la investigación.
Situación actual:detenido provisionalmente e imputado por presunto enriquecimiento injustificado agravado.
Julio-agosto de 2026: Publio De Gracia
El exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia, fue incluido en una denuncia penal presentada por la Contraloría el 2 de julio de 2026, luego de una auditoría sobre actuaciones durante su gestión.
El 10 de agosto fue aprehendido durante la Operación Cuestor, en una investigación por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. Según el Ministerio Público, el supuesto incremento patrimonial no justificado asciende a $724,682.39.
El 11 de agosto se le imputaron ambos delitos y posteriormente un juez ordenó su detención provisional.
En septiembre, un Tribunal de Apelaciones confirmó que debía permanecer detenido mientras avanzaban las investigaciones.
Situación actual: detenido provisionalmente e imputado por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.
Julio-septiembre de 2026: Maritza Ureña
La exsubdirectora de la DGI Maritza Ureña también fue incluida en el paquete de denuncias penales presentado por la Contraloría el 2 de julio de 2026. La auditoría relacionada con su gestión fue concluida el 29 de junio.
El Ministerio Público abrió posteriormente una investigación por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. La Fiscalía sostiene que existe una diferencia entre los recursos cuyo origen pudo ser identificado y el total de movimientos financieros analizados. Una auditoría previa había establecido una diferencia de aproximadamente $432 mil.
En septiembre, Ureña fue aprehendida durante la Operación Tamías y una jueza de garantías le imputó cargos por ambos delitos.
La jueza Liseth Quintero ordenó su detención provisional.
Situación actual: detenida provisionalmente e imputada por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.
Julio-septiembre de 2026: Nadia Del Río
La exdirectora ejecutiva institucional del Ministerio de la Presidencia, Nadia Del Río, también fue incluida en las denuncias penales presentadas por la Contraloría el 2 de julio de 2026.
La auditoría correspondiente a su gestión fue concluida el 29 de junio y remitida posteriormente al Ministerio Público. A diferencia de otros casos de esta lista, Del Río no enfrenta actualmente una imputación penal ni una detención provisional.
La exfuncionaria sí enfrenta actuaciones administrativas de la Contraloría y medidas precautorias sobre bienes. En agosto presentó una solicitud de afectación de derechos, pero una magistrada determinó que la revisión de esas medidas corresponde a la jurisdicción de cuentas, no al sistema de garantías penales.
Situación actual: denuncia penal remitida al Ministerio Público y proceso administrativo en la Contraloría; no consta, hasta ahora, una imputación penal ni una medida de detención.
Septiembre de 2026: Rafael Sabonge
El exministro de Obras Públicas Rafael Sabonge también quedó bajo investigación patrimonial.
En septiembre, la Contraloría ordenó medidas precautorias sobre bienes, fondos, vehículos y otros activos vinculados al exfuncionario por un monto preliminar de $704,452.61. La medida fue adoptada mediante una resolución del 8 de septiembre.
El contralor Anel Flores explicó posteriormente que el expediente se encontraba todavía en una etapa inicial y que, una vez culminaran las diligencias, sería remitido al Ministerio Público.
Por tanto, este caso se encuentra en una etapa distinta a los de Meneses, Oliva, Carrizo, Araúz, De Gracia o Ureña proque no ha sido judicializado.
Situación actual: investigación patrimonial en la Contraloría, con medidas precautorias sobre bienes por $704,452.61; el expediente aún estaba en etapa de recopilación de información y pendiente de remisión al Ministerio Público.
Octubre de 2026: Enrique Lau Cortés
El caso más reciente es el del exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, quien fue aprehendido el 6 de octubre de 2026.
La Procuraduría General de la Nación informó que es investigado por los presuntos delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, con una posible lesión patrimonial de aproximadamente $500 mil en esta investigación.
La investigación patrimonial se suma a otro expediente que ya se seguía contra Lau por presunto peculado, relacionado con la compra de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos durante su gestión en la CSS.
Según información publicada este 7 de octubre, ambos expedientes permanecen separados y, en conjunto, involucran cerca de $3.5 millones bajo investigación. La Contraloría había ordenado desde noviembre de 2025 el secuestro de bienes de Lau hasta por $2.9 millones en relación con la investigación por medicamentos e insumos.
Situación actual:aprehendido y a la espera de audiencia de garantías, donde el Ministerio Público solicitará la legalización de la aprehensión, la imputación de cargos y medidas cautelares.
Las investigaciones siguen su curso y, en los próximos meses, los tribunales deberán determinar si los elementos recabados por el Ministerio Público son suficientes para llevar estos casos a juicio y establecer eventuales responsabilidades penales.