Procesión Viernes De Dolores
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Las audiencias clave en los procesos penales contra el exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, tendrán que esperar: una jueza reprogramó las diligencias previstas tras detectar fallas en la notificación de decenas de involucrados, en medio de investigaciones por presunto peculado y manejo irregular de fondos públicos.
La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Diana García, reprogramó las audiencias de solicitud de acumulación de tres procesos penales seguidos al exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), investigado por delitos contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso agravado, entre otros.
La decisión se dio luego de que la defensa, al momento de solicitar la acumulación de los expedientes, no considerara la cantidad de personas que debían ser notificadas. Según el Ministerio Público, en una de las carpetas hay 25 imputados y 6 indiciados, mientras que en otra figura un imputado y 10 indiciados, lo que obliga a garantizar el derecho de todas las partes a pronunciarse sobre la acumulación.
En ese sentido, la jueza determinó que es necesario notificar a todos los involucrados, ya que pueden manifestar su conformidad o inconformidad con el proceso, por lo que las audiencias fueron reprogramadas.
Las nuevas fechas quedaron fijadas en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora:
Durante la audiencia realizada el 26 de marzo de 2026, participó el fiscal Argol Hyman por el Ministerio Público, mientras que Meneses estuvo representado por su defensa técnica particular, Nadia Castillo. También estuvo presente como querellante el abogado Héctor Atencio, de la Oficina de Asuntos Legales del Ifarhu.
Contexto de los casos
Las investigaciones contra Bernardo Meneses se originan a partir de una auditoría preliminar de la Contraloría General de la República, que detectó presuntas irregularidades en la administración del Ifarhu durante el quinquenio pasado.
Estos procesos forman parte de una serie de investigaciones que buscan determinar el manejo de fondos públicos destinados a becas y auxilios económicos, en medio de cuestionamientos sobre la asignación y uso de estos recursos. Las autoridades indagan posibles desvíos, uso indebido de fondos y otras anomalías administrativas, lo que ha derivado en múltiples expedientes penales.
La eventual acumulación de estos casos permitiría que sean analizados en conjunto, aunque primero deberá resolverse el cumplimiento del debido proceso con la notificación de todas las partes involucradas.