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Las investigaciones por el atentado terrorista en el que se hizo explotar la aeronave HP1202 de Alas Chiricanas en 1994, matando a las 21 personas a bordo, fueron declaradas como “causa compleja” por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.
La decisión se da como resultado de la solicitud presentada por la Fiscalía Superior de Homicidio de Descarga, a cargo de la fiscal Geomara Jones, debido al número de diligencias y actos de investigación que aún debe practicar.
Estas diligencias surgen luego de que fuera extraditado, en abril pasado, desde Venezuela el principal sospechoso de ser el autor del atentado, Ali Zaki Hage Jalil, un hombre de origen palestino, de nacionalidades colombiana y venezolana.
Esto implica que, la Fiscalía tendrá a partir de junio, 12 meses más para desarrollar la investigación antes de emitir una vista fiscal, en la que deberá sustentar las acusaciones para pedir un juicio contra los imputados.
Además de Hage Jalil, hay otros dos ciudadanos extranjeros imputados en este caso en el que se establecieron cargos por delitos contra la vida e integridad personal en su modalidad de homicidio agravado y contra la seguridad colectiva en la modalidad de delito contra los medios de transporte y comunicación. Se trata de Mohmoud Moutan Mohammad y Mahamad Taha Moutan.
La decisión del Tribunal se fundamenta en Ley n.º 121 de 2013, que adopta medidas contra las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada.
El Ministerio Público pidió igualmente reserva del sumario; sin embargo, el Tribunal resolvió rechazarlo debido a que, según la ley, al ser llevado bajo el sistema inquisitivo mixto, es una facultad de decisión de la propia Fiscalía, que puede hacerlo de forma oficiosa.
En este mismo proceso está pendiente de resolverse un incidente de prescripción de la acción penal, presentado por la defensa de Hage Jalil, en un intento por evitar ser llevado a juicio.
Es importante recordar que el caso Alas Chiricanas había sido archivado provisionalmente el 19 de noviembre de 2006 por el Segundo Tribunal Superior; sin embargo, en 2019 la Fiscalía de Descarga solicitó la reapertura de la investigación basada en información suministrada por el Estado de Israel y Estados Unidos, que lograron identificar al autor principal y su ubicación.
Igualmente, el Segundo Tribunal Superior en su decisión de continuarse con la investigación calificó este hecho como un caso de lesa humanidad.