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La evasión de 195 privados de libertad de La Joyita evidenció la crisis del sistema penitenciario panameño. Para la presidenta del Colegio Nacional de Abogados, Maritza Cedeño, el problema va mucho más allá de una fuga y refleja fallas estructurales que el Estado ha dejado sin atender durante años.
La jurista sostuvo que el sistema penitenciario atraviesa una situación crítica y cuestionó el incumplimiento de mecanismos contemplados en la legislación vigente para definir políticas públicas en esta materia.
"Nosotros consideramos que el Sistema Penitenciario es un fracaso. Es un fracaso en este momento", afirmó.
Uno de los principales señalamientos de Cedeño fue la falta de funcionamiento del Consejo de Política Penitenciaria, organismo creado por la Ley 55 de 2003 y encargado de definir las estrategias que deben regir el sistema carcelario, el cual "no le cuesta nada al Ministerio de Gobierno", dijo Cedeño.
Según explicó, este consejo está integrado por representantes del Ministerio de Gobierno, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional, Criminología de la Universidad de Panamá, Colegio Nacional de Abogados, universidades, organizaciones de derechos humanos y otros sectores vinculados al sistema penitenciario.
Sin embargo, aseguró que durante la actual administración no ha sido convocado.
"Ese consejo no se ha reunido en esta administración", manifestó.
La presidenta del CNA adelantó que solicitarán formalmente este viernes 5 de junio a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo la activación inmediata de este organismo para abordar la crisis penitenciaria.
Cedeño advirtió que el hacinamiento continúa siendo uno de los principales problemas del sistema.
Indicó que actualmente la población penitenciaria supera los 24 mil privados de libertad, mientras la sobrepoblación ronda los 10 mil reclusos.
También cuestionó la falta de una clasificación efectiva de los detenidos, diferenciando entre condenados, procesados y tipos de delitos, una herramienta que considera fundamental para el manejo adecuado de los centros penitenciarios.
La abogada señaló que existen denuncias sobre deficiencias básicas en algunos centros de detención, incluyendo problemas de acceso al agua potable, situación que agrava las condiciones de reclusión.
Respecto a la fuga masiva registrada esta semana, Cedeño consideró que las investigaciones deben determinar si se cumplieron los protocolos establecidos para los traslados y movimientos de privados de libertad.
Es una responsabilidad que a alguien le tiene que caer", afirmó.
La jurista recordó que la normativa penitenciaria establece procedimientos específicos para los traslados, incluyendo notificaciones y medidas de seguridad que deben ser verificadas por las autoridades.
Además, cuestionó las inconsistencias en las cifras divulgadas inicialmente sobre la cantidad de evadidos, señalando que primero se habló de decenas de fugados y posteriormente el número ascendió a casi 200.
La presidenta del Colegio Nacional de Abogados reconoció que la corrupción sigue siendo uno de los principales desafíos dentro del sistema penitenciario.
No obstante, aclaró que la responsabilidad no recae exclusivamente en funcionarios, sino también en cualquier profesional o particular que participe en actos irregulares dentro de los centros penitenciarios, como el caso de algunos abogados, de los cuales conoció los casos por parte del director del Sistema Penitenciario.
Para Cedeño, la solución no pasa únicamente por ampliar la infraestructura carcelaria.
Considera que el país necesita una política penitenciaria integral enfocada en la clasificación de los privados de libertad, programas de rehabilitación y reinserción social, tal como establece la Constitución y la ley vigente.
También defendió que la administración interna de las cárceles debe mantenerse bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, mientras la Policía Nacional continúe apoyando en la seguridad externa de los centros penales.
La abogada insistió en que las autoridades deben apoyarse en especialistas y organismos consultivos ya existentes para corregir el rumbo del sistema penitenciario y evitar que hechos como la fuga masiva de La Joyita vuelvan a repetirse.
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