Imputan cargos a los tres implicados en peculado de $964 mil en la AIG; jueza impone medidas cautelares
La investigación penal comenzó en diciembre de 2025, a raíz de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que detectó presuntas irregularidades en la adquisición de la plataforma tecnológica.
Ciudad de Panamá/La jueza de garantías impuso impedimento de salida del país y prohibición de acercarse a las instalaciones de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) a Karen Ortega, mientras que Mario Gálvez y Raúl Millán deberán reportarse mensualmente ante las autoridades, luego de que el Ministerio Público les imputara cargos por un presunto peculado relacionado con una contratación tecnológica que habría ocasionado una lesión patrimonial de $964,620 al Estado.
Las decisiones se adoptaron durante la audiencia de garantías celebrada este miércoles 28 de octubre, en el marco de la Operación Cumulus, que investiga presuntas irregularidades en la adquisición de un sistema de planificación de continuidad de negocios y recuperación ante desastres tecnológicos para instituciones públicas.
Ortega deberá permanecer en el país y tiene prohibido acercarse a las instalaciones de la AIG. Por su parte, Gálvez y Millán deberán cumplir con el reporte periódico mensual dispuesto por la jueza.
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Contratación bajo investigación
La investigación penal comenzó en diciembre de 2025, a raíz de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que detectó presuntas irregularidades en la adquisición de la plataforma tecnológica.
La contratación se realizó en 2014 y estuvo relacionada con la empresa AB Network, S. A. Los tres imputados formaron parte de una comisión evaluadora que intervino en el proceso de adquisición.
El sistema estaba destinado a ayudar a las instituciones públicas a mantener sus operaciones y recuperar sus servicios informáticos ante interrupciones, fallas tecnológicas o situaciones de emergencia.
Sin embargo, la plataforma tuvo un uso limitado en algunas entidades estatales y posteriormente dejó de utilizarse. Durante la audiencia se plantearon cuestionamientos sobre su utilidad para determinadas instituciones y su compatibilidad con los sistemas existentes.
Responsabilidad individual, bajo análisis
Durante el acto judicial también surgieron cuestionamientos sobre la participación de los imputados y la presunta intención dolosa que sustenta la investigación.
Entre los argumentos expuestos se señaló que la necesidad de contar con una plataforma de este tipo surgió del Consejo de Innovación Gubernamental, mientras que el contrato fue firmado por el entonces director de la AIG, Eduardo Jaén, y refrendado por la Contraloría.
La investigación deberá establecer la intervención de cada uno de los imputados y determinar si existen elementos suficientes para atribuirles responsabilidad penal por las presuntas irregularidades en la contratación.