José Gabriel Carrizo: Ordenan detención domiciliaria e imputan cargos por enriquecimiento injustificado
La investigación penal surge a partir de un informe de la Contraloría General de la República, que en noviembre de 2025 ordenó el secuestro de bienes y cuentas bancarias de Carrizo por un monto de hasta 1.3 millones de dólares.
Una jueza de garantías legalizó la aprehensión e imputó cargos por el delito de enriquecimiento injustificado al exvicepresidente José Gabriel Carrizo.
La jueza Oris Medina también ordenó el arresto domiciliario e impedimento de salida del país.
El exvicepresidente de la República y excandidato presidencial, José Gabriel Carrizo, enfrentó una audiencia de garantías ante el Sistema Penal Acusatorio (SPA), en Plaza Ágora, donde llegó fuertemente escoltado por fuerzas especiales de la Policía Nacional.
La audiencia, que inició a las 5:00 p.m. de este miércoles, se desarrolló luego de que Carrizo fuera aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, a su llegada al país, procedente de Guatemala.
La audiencia
Durante la audiencia celebrada este miércoles 28 de enero, la juzgadora, tras escuchar los argumentos expuestos por las partes intervinientes, fundamentó su decisión en la naturaleza del hecho investigado, así como en la concurrencia del riesgo procesal de peligro para la comunidad, atendiendo a la gravedad del delito imputado.
De manera previa, el Tribunal de Garantías legalizó la aprehensión y dio por presentada la formulación de cargos, solicitada por el Ministerio Público, representado por las fiscales anticorrupción Adela Cedeño y Patricia Herrera. El imputado estuvo asistido por los abogados Roberto Moreno, Pedro Meilán y Leonardo Paul Aparicio.
Durante la audiencia, el Ministerio Público y la defensa técnica anunciaron recursos de apelación contra la medida cautelar impuesta. La audiencia para resolver dichos recursos quedó programada para el jueves 12 de febrero, a las 8:30 a.m., en la Sala 3 del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.
Argumento de la defensa
La jueza de garantías decretó un receso a las 6:00 p.m. para evaluar qué procederá en el caso del exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo.
Este receso se extendió por aproximadamente una hora y media, y fue después de las 7:30 de la noche cuando se retomó la audiencia para determinar los pasos a seguir.
Más temprano, la defensa de Carrizo presentó un documento de advertencia de inconstitucionalidad, lo que motivó la suspensión temporal de la audiencia.
Según argumentaron, se busca definir a qué instancia le corresponde darle seguimiento al caso, si al Ministerio Público o a la Corte Suprema de Justicia. La defensa sostiene que, tras haber sido exvicepresidente de la República, Carrizo pasa automáticamente a ser diputado del Parlacen (Parlamento Centroamericano), lo que —según su postura— cambiaría la competencia del proceso.
A las 8:10 de la noche, se mantenía la expectativa por los elementos aportados por la defensa y por lo que exponga el Ministerio Público, para conocer qué ocurrirá de aquí en adelante con este caso que se le sigue al excandidato presidencial por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.
La defensa
Su abogado, Víctor Orobio, manifestó que en la audiencia demostrarán que el presunto enriquecimiento injustificado por 1.9 millones, en el que se basa la Fiscalía, "no existe", y que "la carpeta por la cual lo van a imputar hoy tiene menos de 20 días".
De acuerdo con la información conocida, el exmandatario habría viajado con la intención de juramentarse como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlatino), lo que le habría otorgado la condición de aforado y sacado el caso de la jurisdicción penal ordinaria; sin embargo, regresó al país, según dijo y volvió a reiterar esta tarde “a dar la cara”.
El origen de la investigación
La investigación penal surge a partir de un informe de la Contraloría General de la República, que en noviembre de 2025 ordenó el secuestro de bienes y cuentas bancarias de Carrizo por un monto de hasta 1.3 millones de dólares, dentro de un proceso, en ese momento de carácter administrativo, por presunto enriquecimiento injustificado.
La denuncia elevada por la Contraloría ante el Ministerio Público refiere un supuesto enriquecimiento por 1.9 millones de dólares no justificados por Carrizo.
La medida fue formalizada mediante la Resolución N.º 3757-2025-LEG/PJ, fechada el 22 de octubre de 2025 y firmada por el contralor Anel Flores. El documento detalla el secuestro de cuentas bancarias en el Banco Nacional de Panamá, Banco General, Multibank y Banco Prival, además de vehículos y eventuales créditos contra el Estado.
La resolución también advierte que el secuestro podría extenderse a plazos fijos, valores, depósitos y otras propiedades que se determinen vinculadas al exvicepresidente.
