Juicio Odebrecht entra en su décimo día con la continuación del peritaje financiero

Jueza Baloisa Marquínez cierra la sesión de audiencia del día de hoy.

Reinicia la audiencia. La palabra la toma el abogado del expresidente Ricardo Martinelli. Durante el contrainterrogatorio, el abogado Alfredo Vallarino cuestionó al perito de la Fiscalía Antonio Lim sobre su idoneidad y la metodología utilizada en el informe que sustenta parte de la acusación.

Lim aclaró que, aunque no se mantuvo como miembro de la Policía Técnica Judicial entre 2007 y 2022, su idoneidad estaba vigente al momento de elaborar el informe en 2022. Reconoció además que no cuenta con maestría ni formación forense especializada.

El perito confirmó que la información fue suministrada por la Fiscalía, en copias físicas, y que realizó cotejos con los documentos originales. Indicó haber revisado hasta el tomo 1,900 del expediente, cuya investigación le tomó aproximadamente cinco años, entre 2017 y 2022.

Se decreta un receso de 15 minutos.

Se reanuda la audiencia y los abogados defensores continúan con el contrainterrogatorio al perito Antonio Lim. El abogado Pedro Melián toma la palabra en defensa del señor Rodrigo Díaz; posteriormente, realiza su repregunta el abogado del exdiputado Jorge Alberto Rosas, y de forma sucesiva los demás defensores continúan con el interrogatorio.

Se declara receso en la audiencia hasta la 1:30 p.m., para continuar con el interrogatorio de los abogados defensores.

Durante la audiencia del juicio, Guillermina McDonald, abogada de Navin Bhakta, interrogó al perito sobre las fuentes utilizadas para elaborar su informe. El especialista indicó que examinó mil tomos del expediente, además de documentos financieros y comerciales de los investigados. Confirmó que investigó únicamente las sociedades mencionadas en su informe y que los documentos revisados incluían estados de cuenta, facturas y cheques.

Respecto a la sociedad MTI Corporation, cuyo beneficiario final es Navin Bhakta, el perito señaló que no revisó los libros contables ni declaraciones de renta. Tampoco verificó los libros de acciones de Corporación Energía del Istmo ni los de Silver Wing S.A.. Sin embargo, explicó que centró su análisis en las aportaciones realizadas por MTI Corporation para la adquisición del helicóptero 1626L, perteneciente a la familia Martinelli. La información utilizada para vincular a Silver Wing con la familia Martinelli, dijo, provino del expediente y del Registro Público.

El perito se mantuvo firme en que los beneficiarios finales de Corporación Energía del Istmo son la familia Martinelli, pese a las objeciones sobre ciertos documentos revisados.

La abogada le preguntó sobre declaraciones de Navin Bhakta incluidas en un recuadro de su informe. El perito indicó que esas declaraciones fueron consideradas por la mención de las personas investigadas. Aclaró que la información fue tomada en cuenta a pesar de que la fiscalía había objetado algunas por ser subjetivas.

En cuanto a los cheques de gerencia emitidos por MTI Corporation, el perito confirmó que observó tres documentos relacionados con pagos de Cooperación Energía del Istmo.

Arturo Saurí, actúa en esta audiencia como abogado de los exministros Carlos Duboy y Demetrio Papadimitriu.

Sobre el exministro de Vivienda Duboy, el abogado preguntó “¿A usted se le comisionó para realizar un informe sobre medios de comunicación donde se consigna esa información en su informe?”. No obstante, la Fiscalía objetó la pregunta por considerarla subjetiva.

Acto seguido se le consultó: “Usted dijo que su informe es de carácter descriptivo. Indique la diferencia que tiene con un informe conclusivo.” En ese sentido, el perito manifestó que el informe descriptivo se limita a exponer los hechos y la narrativa, mientras que el conclusivo contiene señalamientos más directos.

También se le preguntó sobre el período en que se emitió la resolución 2009–2014 para el informe, y si pudo revisar información de carácter financiero de Strategic Management. El perito respondió que no.

Se le indicó que en su informe relaciona a la sociedad con transferencias en el año 2008, y se le preguntó si pudo verificar el destino de los fondos recibidos. El perito respondió que sí. Sin embargo, al preguntársele si verificó que esa información coincidía con las investigaciones de 2008, respondió que no, y que tampoco se compaginaba con la información del Tribunal Electoral.

El abogado señaló que el perito fue comisionado para hechos ocurridos entre 2009 y 2014, pero que los actos que vinculan al señor Duboy corresponden al año 2008, por lo que le preguntó si verificó esa información. El perito respondió que sí. Consultado sobre el año de constitución de la sociedad Strategic Management, indicó que fue en 2015. Más tarde, tras otra pregunta, el perito aclaró que la cuenta bancaria fue abierta en 2006.

En ese sentido, el defensor señaló que los hechos se habrían producido dos años antes del período que el perito plantea en su informe.

En este momento, los abogados defensores se suman al interrogatorio. Las consultas van dirigidas a su idoneidad y sobre el informe que elaboró.

Por ejemplo, el abogado Arturo Vicente Sauri le preguntó sobre la diferencia entre un informe de actuación financiera y un informe de carácter forense.

A lo que el perito Antonio Lim respondió: “Yo soy contador público autorizado con idoneidad solamente. Fui investigador hasta completar 30 años de servicio y no podía responderle eso porque no tengo una maestría en auditoría forense; únicamente tengo la licenciatura en contabilidad”.

En ese sentido, el abogado le preguntó: “De acuerdo con su respuesta al Ministerio Público, usted dijo que la emisión de su idoneidad fue en 2007. Le pregunto, ¿usted la renovó en diciembre de 2025? Es decir, para la fecha de emisión de este informe, ¿usted no tenía renovada su idoneidad?”

Lim respondió: “Si usted me pregunta sobre que la emití en 2007 y cuándo la renové, yo la renové en 2025. Usted puede retroceder cinco años hacia atrás, que es la vigencia de la idoneidad, y llegamos al 2020”.

Como recordarán Lim fue el encargado de emitir el informe técnico que ha servido como base para que la Fiscalía explique esta trama de presunto blanqueo de capitales. Sin embargo, algunos abogados han comenzado a cuestionar las conclusiones a las que llegó el perito respecto a algunos de los acusados.

Se reanuda la audiencia y continúa el interrogatorio del perito Lim por parte de la Fiscalía, tras receso de 15 minutos.

Para esta hora, el perito de la Fiscalía, Antonio Lim habla sobre la sociedad que vincula al expresidente Martinelli y al empresario Ramón Carretero con pagos desde sociedades vinculadas a Odebrecht.

Sobre la sociedad Caribbean Holding, indicó el perito que existían dos, una en Antigua y Barbuda y otra en Panamá, y que ambas recibieron fondos de sociedades controladas por Odebrecht. Señaló que los fondos procedían de la cuenta en Barbados y eran transferidos a la sociedad en Panamá, desde donde se realizaron pagos a Importadora Ricamar, vinculada al expresidente Ricardo Martinelli.

Asimismo, indicó que el International Investment Bank enviaba fondos a una cuenta en Barbados, los cuales posteriormente eran transferidos a Panamá. Como ejemplo, detalló que los dineros ingresaron en las siguientes fechas y luego fueron retirados por el expresidente y por Importadora Ricamar: 13 de diciembre de 2009; 5 de febrero de 2009; 10 de febrero de 2009; 30 de marzo de 2009; 14 de septiembre de 2009; y 26 de octubre de 2009, para un total de $1,599,860 millones.

Sobre el empresario Ramón Carretero, quien fue recientemente incluido en la Lista Clinton y que tras un accidente en Venezuela no puede asistir a la audiencia, el perito señaló que tenía dos sociedades controladas por Odebrecht: Yinchung International y Caribbean Logistics Corporation.

El perito indicó que estas sociedades son relevantes para la investigación porque recibían fondos de empresas controladas por Odebrecht y, posteriormente, esos fondos eran transferidos a otras sociedades y personas naturales, sin precisar en qué país se beneficiaban.

Asimismo, mencionó que la primera sociedad recibió transferencias por un total de $2.5 millones.

La jueza decretó un receso de 15 minutos.