Juicio Odebrecht: Perito de la Fiscalía confirma trazabilidad de cuentas usadas para el esquema de blanqueo de capitales

Panamá/El juicio por el caso Odebrecht avanzó este jueves a su noveno día de audiencia con la comparecencia del perito financiero Antonio Lim, quien expuso ante el tribunal los hallazgos de su informe sobre la trazabilidad de fondos vinculados a la constructora brasileña y a personas naturales y jurídicas relacionadas con la investigación.

La audiencia fue instalada por la jueza Baloisa Marquínez, luego de una solicitud de la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo, iniciando con el interrogatorio del perito por parte de la fiscal Talía Palacios.

Antonio Lim, contador público autorizado desde 2007, explicó que cuenta con 30 años de servicio en la Policía Nacional, de los cuales 12 años los desempeñó en la División de Blanqueo de Capitales, donde también fungió como investigador de procesos asignados.

Durante su testimonio, detalló que el informe de actuación financiera judicial que elaboró para el caso Odebrecht está estructurado en tres partes: una narrativa de los hechos, la identificación de personas naturales y jurídicas involucradas, y las conclusiones. Indicó que dentro del proceso confeccionó dos informes, uno preliminar y otro final, este último como un compendio que incluye el primero.

El perito explicó que utilizó información financiera y documental para realizar la trazabilidad de los involucrados y determinar el origen de los fondos. Señaló que su análisis se basó en tomos que contienen información desde el año 2008, así como en registros del Registro Público, datos del Ministerio de Comercio y solicitudes de asistencia internacional.

Lim dejó claro que su informe establece la trazabilidad de cuentas de personas naturales y jurídicas vinculadas a la Constructora Norberto Odebrecht y a personas allegadas a la empresa. En ese contexto, mencionó que existían cuentas de Odebrecht manejadas por Olivio Rodríguez Junior, quien prestaba servicios como operador financiero independiente a la empresa. Detalló que 13 sociedades eran administradas por la constructora, mientras que Rodríguez Junior tenía el control de cuatro.

Durante la audiencia, también explicó el uso de sociedades fantasma, las cuales definió como entidades creadas por firmas de abogados que no realizan actividad comercial y existen únicamente a nivel registral. Indicó que estas sociedades eran utilizadas para el pago de coimas o beneficios indebidos.

En cuanto al análisis realizado, el perito informó que identificó alrededor de 114 personas naturales y jurídicas, entre ellas José Domingo Arias, Demetrio Papadimitriu, Ricardo Martinelli, Navin Bhakta, Rosas y Rosas, Fundación Don James, Carlos Duboy, Importadora Ricamar, entre otros.

Lim también se refirió a la campaña política de 2014, señalando que, según la información contenida en los tomos, el costo de la campaña publicitaria fue de 21 millones de dólares, de los cuales 16 millones serían asumidos por Odebrecht y el resto por el partido Cambio Democrático (CD). Indicó que Odebrecht entregó 11 millones de dólares y que, tras no resultar victoriosa la candidatura, quedó un saldo pendiente de 5 millones.

Respecto a la firma Rosas & Rosas, detalló que mantenían una cuenta bancaria en Banistmo (antes HSBC) para el manejo de ingresos y egresos, con depósitos en efectivo, cheques y transferencias internacionales provenientes de países como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e Israel.

La audiencia fue suspendida tras un receso decretado por el tribunal y se dio por concluida la jornada con el anuncio de que el perito Antonio Lim retomará su declaración este viernes. La jueza Marquínez indicó que la audiencia está programada para iniciar a las 8:30 a.m., a la espera de definir si se extenderá durante todo el día.

El caso Odebrecht es considerado la mayor trama de corrupción de América Latina. En Panamá, la Fiscalía Especial Anticorrupción sustentó su investigación en la confesión de la constructora brasileña, que admitió haber pagado más de 59 millones de dólares en sobornos entre 2009 y 2014 para asegurar la adjudicación de contratos millonarios.