Magistrada Maribel Cornejo definirá destino de Aaron Mizrachi en caso Odebrecht

La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo presentó un recurso de apelación. El mismo fue admitido por el propio Tribunal Superior, que remitió el caso al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que ahora deberá pronunciarse.

Instalaciones de Odebrecht. / TVN Noticias

Ciudad de Panamá/La Corte Suprema de Justicia ha asignado a la magistrada Maribel Cornejo resolver el recurso de apelación contra la decisión que excluyó a Aaron “Ronny” Mizrachi del juicio del caso Odebrecht, luego que le fueran anulados los cargos.

El 16 de septiembre de 2025, el Primer Tribunal Superior de Justicia concedió un amparo de garantías constitucionales a Aaron Mizrachi, decisión que lo dejaría fuera del grupo de acusados en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht en Panamá.

El amparo anuló los cargos que se le formularon por blanqueo de capitales, lo que implica que Mizrachi no tendría que comparecer al juicio programado, ahora, para el 12 de enero de 2026; sin embargo, esta decisión ahora depende del resultado del recurso de apelación.

Nota relacionada: Tribunal concede amparo a Aaron Mizrachi y lo excluye del caso Odebrecht, ¿Por qué?

La medida está contenida en un fallo con fecha del 16 de septiembre de 2025, divulgado al día siguiente mediante el edicto No. 25-2801, publicado por la Secretaría General del Órgano Judicial.

La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo presentó un recurso de apelación. El mismo fue admitido por el propio Tribunal Superior, que remitió el caso al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que ahora deberá pronunciarse.

Corte Suprema de Justicia. / TVN Noticias

La investigación

De acuerdo con la investigación, Mizrachi —padre del actual alcalde del distrito de Panamá— habría trasladado fondos de Odebrecht a través de Caribbean Holding Services Ltd., hacia cuentas de allegados de los expresidentes Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli.

Sin embargo, el Primer Tribunal Superior de Justicia señaló que la Fiscalía no logró precisar ni el tiempo ni el lugar en que se realizaron las transacciones, ni la participación individual de Mizrachi en los hechos investigados, lo que debilitó la acusación en su contra.

El amparo que fue concedido se sustenta en el "principio de legalidad y tipicidad", según dijo a TVN Noticias en su momento, Basilio González, abogado de Mizrachi, quien argumentó que "en el año 2009, la compañía Caribean Holding Services Ltd, creada en 1997 y con cuenta en un banco de la localidad desde esa misma fecha, recibió dineros para la campaña electoral de 2009 y solo en ese año" y que para tal fecha el Código Electoral establecía el procedimiento sancionatorio sobre donaciones privadas cuando eran remitidas por persona jurídica (empresa) que no tuviera actividad en el territorio nacional.

De acuerdo con la defensa, para el año 2009 no estaba probado que la empresa Odebrecht generaba dineros procedentes de delitos.

El fallo de los magistrados del Primer Tribunal Superior Carlos Pizarro, Guimara Aparicio y Melina Robinso concluye que la Fiscalía incurrió en “error de ausencia de especificación sobre modo, tiempo y lugar de la conducta”, lo que se encuadra como causal de nulidad, que contempla el artículo 2294, numeral 4, del Código Judicial.

Audiencias de Odebrecht en enero

El juicio por el caso Odebrecht, programado para el pasado martes 11 de noviembre, fue suspendido y se realizará en la fecha alterna del 12 de enero de 2026.

La suspensión se dio mediante el auto vario No. 327 de 7 de noviembre de 2025, debido a que no se ha podido ubicar la dirección y notificar la fecha de audiencia a uno de los imputados dentro del proceso penal seguido a varias personas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

La Fiscalía Especial Anticorrupción investiga delitos contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, vinculados a hechos de peculado y corrupción de servidores públicos. Las pesquisas revelan que la constructora brasileña Odebrecht pagó más de 96 millones de dólares en sobornos a funcionarios e intermediarios panameños, a cambio de contratos estatales durante el período 2009-2014.

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