Pleno de la AN juzgaría a presidentes y magistrados de la CSJ

Pedro Miguel González, diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), manifestó en noticias AM, que a través de las modificaciones a Ley 55, conocida como "Ley blindaje", se “homologarán los procesos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a diputados y altos funcionarios, así como los procesos en la Asamblea Nacional (AN) contra presidentes de la República y magistrados de la CSJ”.

Desde que se aprobó la Ley 63 en el año 2008, se estableció el periodo de dos (2) meses para investigar a un magistrado de la CSJ o presidente de la República.

“Ahora lo que se hizo, fue modificar los términos de investigación que anteriormente era de dos meses, a dos meses adicionales, [cuatro meses en total]”.

La Ley Blindaje, una vez se convierta en Ley de la República, establece en uno de los artículos modificados, que una vez se establezcan procesos contra un presidente o magistrado de la CSJ y se adopten medidas cautelares (separación del cargo, impedimento de salida del país, prisión domiciliaria), la competencia ya no la tendrá una subcomisión de garantía, en la que dos diputados decidirían la suerte de un magistrado [como ocurrió en el caso Moncada Luna], sino que la facultad la tendría el Pleno de la Asamblea Nacional por mayoría absoluta, explicó el diputado perredista.

Denuncias contra diputados

González explicó, que el tiempo para admitir una denuncia o querella contra un diputado fue ampliado de 10 días a 20 días hábiles.

Esto corre a favor de la aspiración de los ciudadanos para que cuando existan querellas contra un diputado sea tratada de manera expedita y no pase como cuando se presenta una denuncia contra un magistrado o presidente que duerme el sueño de los justos engavetados en la Comisión de Credenciales”, manifestó el diputado.

Aprobación en la Asamblea Nacional

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó la noche del lunes, 31 de agosto, el proyecto de Ley 214 que deroga artículos de la Ley 55, conocida como "Ley blindaje", que establece los mecanismos para investigar a diputados y suplentes, magistrados de la CSJ y presidentes de la República.