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Panamá/Con la presentación de testigos clave de las defensas y argumentos centrados en la licitud de fondos, trazabilidad de transacciones y ausencia de lavado de dinero, el juicio por el caso Odebrecht entró este lunes en una fase decisiva, cerrando una jornada que marcó el inicio del tramo final de un proceso judicial que ha mantenido la atención pública durante cerca de 12 años y que se encamina, en los próximos días, hacia los alegatos finales.
El primer testigo, José Luis Francia Arias, citado por el abogado Fernando Peñuelas, negó que sus clientes formen parte de una estructura offshore en la trama de Odebrecht. Aseguró que sus clientes, los esposos Gonzalo Monteverde y María Isabel Carmona, ambos de nacionalidad peruana, usaron fondos propios en todas sus actuaciones.
Indicó que el señor Olivio Rodríguez, quien manejaba la Caja 2 de Odebrecht, en ningún momento mencionó en sus declaraciones a la empresa Isagon Investment, la cual pertenece a los Monteverde Carmona.
Además, aseguró que Jorge Simoes Barata, superintendente de Odebrecht en Perú, ha dicho que Isagon Investment era subcontratista para realizar trabajos de terraplanaje, apertura de trochas para carreteras y alquiler de maquinaria pesada. Esto, a su juicio, demuestra que se trataba de una actividad lícita por parte del señor Monteverde, al ser una empresa contratista que prestaba apoyo de maquinaria a Odebrecht en Perú.
Isagon Investment es una de las sociedades offshore señaladas dentro del expediente del caso, que presuntamente era utilizada por Odebrecht para el pago de sobornos. El abogado de los Monteverde señaló que se realizaron 18 pagos a Cinear, en República Dominicana, para un proyecto de estructura de estacionamientos en Panamá, pero que dicho proyecto nunca se ejecutó en el país.
José Luis Francia Arias insistió en que los 18 pagos que hizo Isagon Investment a Cinear, en República Dominicana, para una actividad en Panamá, no salieron de Brasil, de las Islas Vírgenes ni de Panamá, sino de Perú.
El segundo testigo, Eliseo Ábrego, contador público y exmiembro de la Policía Nacional, fue citado por el abogado Sidney Sittón, defensor de Aurora Muradas. Aunque el testigo señaló que desconocía inicialmente por qué fue citado, un informe contenido en el expediente le permitió recordar el motivo.
Explicó al Tribunal que elaboró dicho informe tras un oficio emitido en 2019 por la Fiscalía Anticorrupción, que solicitaba analizar las transacciones de una cuenta en Hong Kong. Señaló que, a través de los insumos entregados por la Fiscalía como parte de una asistencia judicial, analizó la información y confirmó las transacciones.
Luego, subió al estrado el contador público Juan Iván Roger, citado por la abogada Guillermina McDonalds, defensora de Navin Bhakta. El contador presentó un informe de auditoría especial forense antifraude sobre las empresas del señor Bhakta, en el que sustentó que su cliente cuenta con fondos suficientes para la compra de un helicóptero, por lo que afirmó que no es testaferro.
Señaló que “certificamos que, de acuerdo con la línea de tiempo, los entes intervinientes, la cronología y la trazabilidad de las transacciones y evidencias de Navin Bhakta, su inversión en el helicóptero con la empresa a la cual se lo compró, y que esos fondos provienen de fuentes lícitas, derivadas de sus negocios exitosos. No existieron evidencias de lavado de dinero en esas inversiones”.
Cuando la Fiscalía le consultó si pudo determinar cómo se dio la adquisición del helicóptero, el perito manifestó que el señor Navin Bhakta venía incurriendo en gastos por el alquiler de helicópteros para su movilización dentro de Panamá. No obstante, explicó a la Fiscalía que lo más probable es que ese gasto no se reflejara como un rubro de alquiler, ya que dentro de la contabilidad debe figurar como transporte.
La audiencia concluyó con la intervención del perito Roger. Para mañana martes corresponde la comparecencia de los testigos Gustavo Adolfo Villalópez y Gilberto Ferrari, citados por la defensa de Navin Bhakta; así como la perito de la Fiscalía, Damarys Rodríguez, solicitada por varios abogados, y José Ángel Idrobo, citado por el abogado Erasmo Muñoz, defensor de Jaime Lasso.
Según el cronograma establecido por la jueza Baloisa Marquínez, el proceso avanzará el miércoles con los últimos testigos y luego entrará a la etapa de alegatos, una fase clave en la que las partes expondrán sus argumentos finales antes del cierre formal del juicio.
Este proceso permaneció cerca de cuatro años en espera de juicio hasta que finalmente se destrabó, consolidándose como uno de los casos más emblemáticos relacionados con presunta corrupción y lavado de dinero, tanto por su alcance como por su impacto en la opinión pública.