'Un niño de 10 años no tiene capacidad para asumir responsabilidad penal', advierte exministra Calderón

Ciudad de Panamá, Panamá/El uso de adolescentes y niños en homicidios y otros delitos graves ha encendido nuevamente el debate sobre la responsabilidad penal juvenil en Panamá, luego de que el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, expresara su preocupación por el incremento de su participación en crímenes.

Ante este escenario, el diputado José Pérez Barboni presentó en la Asamblea Nacional un proyecto de ley que propone modificar la Ley 40 de 1999, que regula el Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia, iniciativa que cuenta con el respaldo de voceros del Ejecutivo.

Sin embargo, la propuesta ha generado reacciones encontradas. Una de las voces críticas es la de Leonor Calderón, exministra de Desarrollo Social y una de las principales responsables de la elaboración original de esta normativa, quien advierte que endurecer la ley no resolverá el problema de fondo.

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Las leyes nunca son la solución: son el punto de partida, no el punto de llegada", expresó.

Calderón recordó que la Ley 40 fue diseñada tras un proceso técnico y cuidadoso, fijando inicialmente la edad de imputabilidad en 14 años, un estándar ampliamente aceptado a nivel internacional. Posteriormente, en 2010, esta edad fue reducida a 12 años, una medida que, según indicó, no se tradujo en una disminución de los delitos.

“No hay ningún país en América Latina que tenga imputabilidad a 10 años. Un niño de 10 años no tiene capacidad para poder definir cuál es la responsabilidad de sus actos. Puede saber qué es lo bueno y qué es lo malo, pero no tiene capacidad para tomar decisiones”, subrayó.

Para Calderón, la solución no es bajar la imputabilidad a 10 años: "¿Que para delitos graves no haya casa por cárcel? Estoy de acuerdo en que se cumplan las condenas como debe ser (...) Honestamente, creo que lo que tenemos ahora es realmente más que suficiente. No podemos olvidar que las leyes nunca son la solución, son el punto de partida, no el punto de llegada".

La exministra sostuvo que, aunque existe una legítima preocupación social, los delitos graves cometidos por menores de 18 años representan un porcentaje reducido dentro del total de crímenes violentos. Cuestionó además el uso de cifras que incluyen a jóvenes entre 18 y 20 años, quienes indica que legalmente ya son adultos.

"Creo que estamos buscando las respuestas en lo que no es. No veo en este proyecto de ley y en un proyecto y en una propuesta que se haga para detener el problema la palabra prevención por ningún lado. Y yo creo que la prevención es lo más importante que tenemos que hacer”, afirmó.

Recordó que, durante la implementación original de la ley, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) contaba con una Dirección Nacional de Juventud y una Comisión Nacional de Juventud, espacios de coordinación interinstitucional que señala hoy no se visualiza su funcionamiento o han desaparecido. Además, denunció que el presupuesto de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) fue reducido casi a la mitad, lo que limita severamente su capacidad para desarrollar programas preventivos.

“La policía sola no lo puede hacer porque, por muy buenos que sean los programas que tienen para jóvenes, ellos no son especialistas. Tiene que ser una acción conjunta sostenida de largo plazo. No pueden hacer acciones puntuales”, manifestó.

Adolescentes: más víctimas que victimarios

Calderón también alertó que los menores de edad son utilizados por estructuras criminales, por lo que en muchos casos terminan siendo víctimas antes que victimarios. Según cifras citadas por la exministra, en 2024 fueron asesinados 131 jóvenes entre 15 y 17 años, y entre enero y noviembre de 2025 se registraron en 116.

"Por supuesto que seguramente estaban involucrados en actividades que eran de riesgo y demás, pero ahí es donde tenemos que redoblar el esfuerzo. Un joven que es utilizado como sicario por alguien es fundamentalmente una víctima que se convierte en victimario”, expresó.

La exministra insistió en que las leyes no son una solución en sí mismas, sino un punto de partida, y pidió que el debate legislativo incluya educación, reinserción escolar, fortalecimiento familiar y programas comunitarios. También destacó la necesidad de rescatar los centros de resocialización, convertirlos en espacios de formación y no de castigo, y reintegrar a los jóvenes al sistema educativo, como eje clave para mantener la cohesión social.

"En el país está fallando la prevención. Está fallando el trabajo sostenido para poder involucrar y educar a los adolescentes. El segundo delito que más cometen los adolescentes son contra la libertad sexual. ¿Dónde están los programas exhaustivos de educación integral en sexualidad que tenemos que darles a nuestros jóvenes para poder desarrollar una sexualidad sana? Todo esto tiene que ver. Es un tema de conjunto, no es solamente un punto", dijo.

Puntualizó que estos jóvenes que delinquen son producto de nuestra sociedad, por lo cual "es lo que nosotros como sociedad estamos produciendo y por eso todos como sociedad somos responsables de poder detener ese problema y de poder darle un mejor futuro a los niños".