Libertad Ciudadana rechaza proyecto de ley que busca amnistía para delitos comunes
La organización también recuerda que Panamá ha suscrito tratados internacionales contra la corrupción, como la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Ciudad de Panamá, Panamá/La Fundación Libertad Ciudadana expresó su rechazo categórico al Proyecto de Ley 235, actualmente en discusión en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.
Mediante una carta dirigida al presidente de esta comisión, el diputado Luis Eduardo Camacho, la organización argumentó que la propuesta legislativa representa una amenaza directa al Estado de Derecho y al marco legal panameño.
El proyecto en cuestión busca otorgar una amnistía a una amplia gama de delitos, argumentando supuestas motivaciones políticas detrás de actos que, según la legislación nacional y la jurisprudencia vigente, son considerados delitos comunes. Entre estos se incluyen peculado, enriquecimiento ilícito, corrupción de servidores públicos, abuso de autoridad y blanqueo de capitales.
Según la carta firmada por la Fundación, esta propuesta confunde procesos judiciales legítimos por corrupción con persecución política, desnaturalizando el concepto de delito político y violando principios constitucionales fundamentales.
Fundamentos legales y constitucionales
La misiva detalla que, de acuerdo con la Constitución Política de Panamá, el Órgano Legislativo solo puede otorgar amnistía por delitos de naturaleza política. Además, el Código Penal define la amnistía como una gracia legislativa exclusivamente aplicable a tales delitos, excluyendo expresamente los crímenes de lesa humanidad y desapariciones forzadas.
Así mismo, se citan fallos de la Corte Suprema de Justicia que establecen que, para calificar un delito como político, debe existir una motivación ideológica o altruista, dentro de un contexto de conflicto político o social.
“Delitos comunes no pueden ser considerados políticos salvo prueba fehaciente de esa motivación” advierte la Fundación.
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Riesgos de impunidad
Uno de los puntos más críticos del análisis se centra en la ampliación arbitraria del concepto de delito político propuesta en los artículos 1 y 2 del proyecto.
Según la Fundación, esto no solo violaría el principio de legalidad penal, sino que también podría incentivar a otros condenados a justificar sus crímenes bajo una supuesta motivación ideológica, creando un precedente preocupante que debilitaría el sistema de justicia penal.
En el artículo 3 del proyecto, que plantea amnistiar a funcionarios públicos procesados o condenados por corrupción, la Fundación ve una clara violación al principio de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 de la Constitución.
Además, se compromete la seguridad jurídica, al reinterpretar delitos ya definidos en la legislación penal vigente, sin un proceso legislativo adecuado ni justificación jurídica coherente.
”El contenido de dichas reformas no puede, en ningún caso, desnaturalizar las definiciones legales vigentes sin el debido proceso legislativo y sin fundamentación jurídica congruente con el orden constitucional” pone en manifiesto Libertad Ciudadana.
Otro punto de preocupación radica en el artículo 4 del proyecto, que propone modificar el mecanismo de divulgación de las leyes permitiendo su publicación en el sitio web de la Asamblea Nacional en lugar de la Gaceta Oficial. La Fundación advierte que esto viola la Ley 53 de 2005 y la Ley 38 de 2000, que establecen que la Gaceta es el único medio oficial para la promulgación de leyes con validez jurídica.
“La Gaceta Oficial es un órgano del Estado con funciones constitucionales, mientras que el sitio web de la Asamblea carece de respaldo legal para asumir ese rol”, señala el documento.
Rechazo y llamado a la Asamblea
Fundación Libertad Ciudadana insta a los diputados a rechazar el Proyecto de Ley 235 por ser “manifiestamente inconstitucional e incompatible con los principios de justicia, legalidad e igualdad”.
La organización también recuerda que Panamá ha suscrito tratados internacionales contra la corrupción, como la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
“La amnistía por delitos de corrupción podría interpretarse como una violación de estos compromisos internacionales y afectar la cooperación judicial del país”, advierten en el comunicado.
