MiAmbiente retira cerca instalada ilegalmente en el Monumento Natural Cerro Gaital
La medida busca prevenir ocupaciones ilegales y garantizar que las vías de acceso a esta área protegida permanezcan libres para facilitar las labores de vigilancia, patrullaje y protección ambiental.
El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) realizó la remoción preventiva de una cerca instalada ilegalmente dentro de la servidumbre del camino de acceso al Monumento Natural Cerro Gaital, ubicado en El Valle de Antón, provincia de Coclé.
La medida busca prevenir ocupaciones ilegales y garantizar que las vías de acceso a esta área protegida permanezcan libres para facilitar las labores de vigilancia, patrullaje y protección ambiental.
La acción fue ejecutada por personal de la Dirección Regional de MiAmbiente en Coclé, en coordinación con guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) asignados al Monumento Natural Cerro Gaital.
“Mantener los accesos a estas áreas naturales totalmente libres es fundamental para facilitar el desplazamiento de los guardaparques y el desarrollo de las labores de patrullaje, vigilancia y protección que se realizan de manera permanente en el Monumento Natural Cerro Gaital”, señaló John Trujillo, director regional de MiAmbiente en Coclé.
El funcionario hizo además un llamado a ciudadanos y empresas a respetar la normativa ambiental y evitar acciones como la apropiación indebida de terrenos, la tala y las quemas, debido a que estas conductas pueden derivar en sanciones administrativas y procesos penales.
MiAmbiente reiteró que está prohibido ocupar, invadir, cercar, construir o desarrollar actividades no autorizadas dentro de áreas protegidas. Esto incluye la apropiación de tierras, edificaciones ilegales y la tala con fines habitacionales o comerciales en parques nacionales y reservas.
En caso de comprobarse invasiones o daños ambientales, las direcciones regionales de la institución pueden imponer multas administrativas de hasta $9,999.99.
Además, dependiendo de la gravedad de la afectación, los casos pueden ser remitidos a la Fiscalía Ambiental para la investigación de posibles delitos contra los recursos naturales. Las ocupaciones de tierras protegidas que impliquen destrucción ambiental pueden ser procesadas bajo las disposiciones relacionadas con delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial.