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El futuro del proyecto minero de Donoso entra en una etapa decisiva. La comisión de alto nivel creada por el Gobierno para analizar el informe de auditoría y la situación de la mina que operaba Cobre Panamá prevé entregar sus conclusiones al presidente José Raúl Mulino en las próximas semanas, documento que servirá de base para que el mandatario tome una decisión sobre la continuidad o no del proyecto.
Así lo confirmó el ministro de Comercio e Industria, Julio Moltó, durante declaraciones en las que explicó que los tres ministros que integran el grupo interministerial trabajan junto con sus equipos y con expertos externos en el análisis de la información disponible.
“En pocas semanas debemos estar presentándole al presidente ya cuáles son las opciones que nosotros vemos para esto, para que el presidente pueda tomar decisiones al respecto”, señaló.
Aunque no existe una fecha exacta para la entrega del documento, el Gobierno ha reiterado que el proceso debe concluir antes de diciembre.
El análisis incorpora los resultados del informe presentado recientemente por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), cuyos datos fueron entregados al Ejecutivo y se suman a la información que ya venía siendo evaluada por la comisión.
Uno de los elementos que el Gobierno asegura estar evaluando es el impacto que tuvo el cierre de la operación minera sobre las comunidades cercanas al proyecto.
El ministro sostuvo que durante sus recorridos por áreas como La Pintada y Omar Torrijos ha encontrado comunidades afectadas por la pérdida de empleos y por la reducción de la actividad económica.
De acuerdo con sus declaraciones, el cierre de la operación tuvo repercusiones en profesionales, comercios, fondas, pequeñas ferreterías y otros negocios que dependían directa o indirectamente de la actividad económica generada alrededor del proyecto.
El funcionario también citó cifras sobre el impacto nacional que atribuye a la situación, señalando una caída de cinco puntos en el producto interno bruto y un aumento de dos puntos en el desempleo, además de la pérdida de unos 40 mil empleos.
“Lo que ahí se ve es que se necesita volver a reactivar la economía”, manifestó.
Sin embargo, el Gobierno sostiene que cualquier decisión deberá considerar otros factores además del impacto económico.
La protección ambiental figura entre los elementos que la comisión deberá considerar antes de presentar sus recomendaciones al presidente.
Moltó señaló que actualmente la empresa mantiene actividades bajo un Plan de Gestión Segura, que contempla labores de cuidado y protección ambiental del área.
Agregó que el Ministerio de Ambiente mantiene vigilancia sobre estas actividades y, que el componente ambiental forma parte de los aspectos centrales que se analizan dentro del proceso.
El ministro también aseguró que no existe extracción de cobre y que el Gobierno respeta el fallo de la Corte Suprema de Justicia relacionado con el proyecto.
“Nosotros respetamos y acatamos el fallo de la Corte Suprema de Justicia”, afirmó.
La comisión de alto nivel deberá integrar la información económica, laboral, social y ambiental disponible para presentar al presidente las opciones que considera viables.
El objetivo, según el Gobierno, es que la eventual decisión tenga un impacto que llegue a las comunidades y al resto del país mediante la generación de empleo y la reactivación económica, pero bajo condiciones que garanticen la protección ambiental.
Por ahora, la fecha exacta de la entrega del informe no ha sido establecida, pero el Ejecutivo sostiene que será en las próximas semanas y que el proceso se desarrollará antes de diciembre.
Con la presentación de este documento, la decisión final sobre la continuidad o no del proyecto minero quedará en manos del presidente José Raúl Mulino.