Funcionarios de Mitradel inspeccionan Panama Ports Company tras fallo de inconstitucionalidad

Ciudad de Panamá, Panamá/Funcionarios del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) acudieron este viernes a las oficinas de Panama Ports Company, luego del mensaje del presidente de la República, José Raúl Mulino, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de dicha empresa para operar los puertos de Balboa en el Pacífico y Cristóbal en el Atlántico.

Una avanzada liderada por la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, ingresó a las oficinas administrativas en Balboa para reunirse con los directivos.

La noche del jueves 29 de enero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el contrato de concesión otorgado a Panama Ports Company (PPC), para operar los puertos de Balboa y Cristóbal.

La decisión fue adoptada durante la sesión ordinaria celebrada este jueves 29 de enero de 2026, tras una amplia deliberación y discusión de dos demandas de inconstitucionalidad identificadas como Entrada No. 119313-2025 y Entrada No. 17547-2025, según informó el Órgano Judicial mediante un comunicado oficial.

En un mensaje a la Nación este viernes, el presidente Mulino anunció que, una vez el fallo de la Corte Suprema de Justicia quede ejecutoriado, la empresa APM Terminals Panama, subsidiaria del grupo AP Moller–Maersk, asumirá temporalmente la operación de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal, como parte de un periodo de transición que garantizará la continuidad operativa y laboral, mientras se avanza hacia una nueva concesión bajo condiciones favorables para el país.

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En su mensaje, el mandatario recordó que los puertos panameños representan uno de los pilares estratégicos del país y un eslabón clave del comercio internacional, por lo que el reciente pronunciamiento judicial constituye una decisión de gran relevancia e impacto, que requiere atención y trabajo enfocados en proteger este activo que pertenece a todos los panameños.

Mulino dejó claro que, antes de ser gobierno, ya existían acciones legales contra el actual contrato de los puertos de Cristóbal y Balboa, y que no se podían permitir errores del pasado, como, por ejemplo, el caso de la mina de cobre.

Explicó que el Gobierno, desde hace un año, activó un plan de contingencia, evaluando las posibles posturas de la Corte: que se declare constitucional o inconstitucional.

El presidente aclaró que, hasta que el fallo quede ejecutoriado, se mantendrá un periodo de continuidad del actual operador, sin cambios operativos. Posteriormente, se iniciará un periodo de transición, que culminará con una nueva concesión, bajo términos y condiciones favorables para el país.

Posteriormente, comenzará un periodo de transición, que culminará con una nueva concesión. En ese contexto, señaló que durante meses se ha escuchado a expertos.

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En ese contexto, Mulino anunció la designación del ingeniero Alberto Alemán Zubieta como líder coordinador de un equipo técnico, encargado de articular las diversas competencias relacionadas con los puertos, con el objetivo de garantizar un proceso ordenado, profesional y sin improvisaciones.

El mandatario también envió un mensaje directo a los trabajadores portuarios, asegurando que su fuente de empleo está garantizada y que no se producirán despidos. Indicó que la Autoridad Marítima y el Ministerio de Trabajo mantendrán un diálogo abierto y cercano, velando por la continuidad laboral y el respeto de los derechos adquiridos.

No obstante, mediante un comunicado, Panama Ports Company, S.A. (PPC) reaccionó a la decisión de la Corte Suprema de Justicia calificando el fallo como carente de fundamento jurídico y contrario al marco legal vigente.

En un comunicado oficial, la empresa señaló que “toma nota de la declaración emitida esta noche por el Órgano Judicial de la República de Panamá en la que se afirma que la Corte Suprema de Justicia ha decidido declarar inconstitucional la Ley N.º 5, de 16 de enero de 1997, y otras leyes relevantes”.

No obstante, aclaró que “si bien PPC aún no ha sido notificada de dicha decisión, esta decisión es incompatible con el marco jurídico pertinente y con la ley que aprobó el contrato que ha servido de base para las operaciones de PPC en los puertos de Balboa y Cristóbal durante casi tres décadas”.

Con información de Fabio Caballero