Negociar un nuevo contrato de minería es improcedente, advierte abogado Harley Mitchell

Negociar un nuevo contrato de minería es improcedente, porque todos los servidores públicos, llámese ministro de Comercio e Industrias, Consejo de Gabinete o servidores públicos, por encima o por debajo de ellos, están sometidos a lo que la Constitución dictamina como el principio de estricta legalidad, así lo indicó el abogado y experto en temas de ambiente, Harley Mitchell.

Mitchell agregó que estas figuras, solo pueden hacer lo que la ley les ordena y están inhibidos de hacer lo que la ley les prohíbe.

Para el abogado es inconcebible que un servidor público diga “voz en cuello” que negociará más allá de lo que le permite la ley, ley que rige en materia minera llamada Código de Recursos Minerales de la República de Panamá, que, aunque no crean basados en el Decreto 23 de 1963, todavía le queda chico a las empresas mineras que pretenden volver a otro resabio del siglo 20 que es la Ley 9 de 1997.

“La Corte Suprema de Justicia ya determinó que, la forma en que se contrata con la minera, es inadecuada toda vez que existe una ley vigente, que es el Código de Recursos Minerales que establece los límites de la contratación”, advirtió.

Si esto no fuera suficiente dijo Mitchell, hay una Ley de Contrataciones Públicas, sin embargo, “como se ha notado en cámara lenta, se están escapando de estas legalidades para volver al contrato ley que es la misma figura que la Corte Suprema de Justicia a determinado como inconstitucional”.

Advirtió que los fallos de la Corte Suprema de Justicia son inapelables y que no es de recibo que un Órgano Ejecutivo que sepa la voluntad de otro Órgano del Estado, notificado de lo que se dictaminó aproveche para supuestamente negociar más allá de un código minero que le limita.

Según Mitchell, Minera Panamá, colecciona docena y media de informes técnicos que coinciden con tipos penales y en lugar del gobierno ejecutar el denunciar al Ministerio Público, lo que se está haciendo es que se va a negociar con “un presunto posible delincuente”.

Los informes de MiAmbiente, que dan fe pública han establecido que se ha contaminado con metales pesados, se ha destruido el suelo, contaminado las fuentes de agua, vertido elementos cancerígenos desde las tinas de relave, hasta los cuerpos de agua adyacentes.

Por último, el abogado recalcó que actualmente, sin contrato ley vigente todas las acciones de Minera Panamá con respecto a la explotación de recursos minerales del Estado, "se queda sin piso y techo jurídico" porque la corte no ha establecido alternativa.