Nuevamente, Panamá es mal evaluada en estudio internacional sobre el combate a la corrupción

De los ochos países que participaron en la ‘Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2020’, Panamá obtuvo la segunda calificación más baja, con 3.97. Al istmo, solo lo antecede Guatemala, que obtuvo una calificación de 3.89. Chile obtuvo la calificación más elevada de 7.86.

La Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2020 es un estudio regional para ocho países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Panamá, y Perú.

La iniciativa mapea los esfuerzos legales para prevenir y combatir la corrupción y a diferencia de otros esfuerzos que se enfocan en medir la corrupción o la percepción de la corrupción, ese estudio lo hace desde la práctica jurídica para analizar los esfuerzos legislativos, regulatorios y el marco institucional para prevenir, sancionar y combatir la corrupción.

El documento recoge la visión de profesionales del derecho dedicados a la práctica anticorrupción de diversos sectores, incluidas firmas de abogados, empresas, academia, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, entre otros.

Según el resultado de la evaluación, a pesar de ser la única jurisdicción que está implementando un registro de beneficiarios finales, Panamá tiene un marco jurídico insuficiente y deja de lado aspectos fundamentales para combatir la corrupción, sumado a una baja capacidad institucional.

Demás países

Chile (7.86): en general la implementación de las normas es efectiva y las autoridades tienen la capacidad e independencia para implementar las normas anticorrupción.

Argentina (5.95): el mayor reto identificado fue la inadecuada implementación de la legislación vigente por falta de voluntad política, falta de independencia de autoridades anticorrupción, falta de recursos económicos y humanos, y ausencia de mecanismos formales para la participación de sociedad civil.

Perú (5.86): cuenta con uno de los marcos jurídicos más sólidos, aunque la implementación se ve afectada por falta de voluntad política y barreras en normas procesales.

Brasil (5.67): ha habido avances en el marco jurídico, pero además de falta de voluntad política para implementar eficazmente el marco jurídico anticorrupción y la influencia política en las autoridades anticorrupción, se mencionó la necesidad de establecer responsabilidad penal de personas jurídicas por actos de corrupción.

Colombia (5.60): destaca la falta de implementación por falta de voluntad política, y la insuficiencia de mecanismos de detección y prevención de la corrupción.

México (5.51): A pesar de contar con un marco jurídico sólido y completo, se destaca la falta de implementación de la norma derivada de una baja capacidad institucional y una alta influencia política en autoridades anticorrupción.

Guatemala (3.89): el marco jurídico es insuficiente y existe una fuerte debilidad institucional, destacando funcionarios públicos que en lo particular llevan a cabo los esfuerzos anticorrupción existentes.

Los resultados de la evaluación fueron obtenidos tras la aplicación de dos cuestionarios completados por las firmas de los integrantes del Lawyers Council y la comunidad jurídica de los países participantes, se dividió en tres categorías: legislación, implementación y autoridades.

Con la información y de acuerdo con la metodología desarrollada, se calculó la calificación final en una escala del 0 al diez 10, donde cero es la calificación más baja y diez la más alta.

De acuerdo con el análisis regional, en la mayoría de los países latinoamericanos la lucha anticorrupción se concentra en sancionar desde el derecho penal, pero los esfuerzos para prevenir la corrupción en el sector público y privado son insuficientes.

Respecto a los esfuerzos para prevenir la corrupción en el sector público, la mayoría de los mecanismos están enfocados en el poder ejecutivo, y no existen obligaciones para otros poderes y órganos autónomos, destacan.

En cuanto a la prevención de la corrupción en el sector privado, la mayoría de los países cuenta con regulación que incentiva el contar con programas de cumplimiento, sin embargo, no son obligatorios pues su implementación es opcional y salvo en un caso, no existen guías para su cumplimiento y verificación.

En algunos países es muy preocupante la falta de independencia de poderes judiciales y ministerios públicos, o la baja capacidad por falta de recursos humanos, financieros u otros.

Aunque existen avances importantes en materia de transparencia como un mecanismo para prevenir la corrupción, solamente Panamá cuenta con regulación y está llevando a cabo esfuerzos para el registro de beneficiarios finales.

Finalmente, en ningún país se detectó un enfoque de derechos humanos en la lucha anticorrupción, lo cual tiene implicaciones para el ejercicio de los derechos de las víctimas de la corrupción y la reparación por la violación a esos derechos humanos.