Operación Bloqueo: logran 16 condenas por delitos de drogas en Panamá Oeste

Las acciones judiciales corresponden a las diligencias realizadas tras la operación “Bloqueo”, ejecutada el pasado 9 de mayo de 2026 por la Procuraduría General de la Nación en conjunto con la Policía Nacional.

Condena
Danna Durán - Periodista
13 de mayo 2026 - 16:55

Panamá Oeste/Unas 16 condenas por delitos vinculados al tráfico y posesión agravada de sustancias ilícitas, como resultado de la operación “Bloqueo”, desarrollada en los distritos de Arraiján y La Chorrera.

Las sentencias impuestas oscilan entre los 64 y 92 meses de prisión. Además, durante las audiencias correspondientes, se decretaron cinco medidas de detención provisional, una medida cautelar de depósito domiciliario y otra de reporte periódico para personas presuntamente relacionadas con estos hechos delictivos.

De igual forma, el Ministerio Público informó que se obtuvo la legalización de las aprehensiones, la formulación de cargos y la validación de los acuerdos de pena alcanzados con los condenados. Como pena accesoria, las autoridades ordenaron el comiso de $665 dólares presuntamente vinculados con las actividades ilícitas investigadas, así como la inhabilitación para ejercer funciones públicas.

Las acciones judiciales corresponden a las diligencias realizadas tras la operación “Bloqueo”, ejecutada el pasado 9 de mayo de 2026 por la Procuraduría General de la Nación en conjunto con la Policía Nacional.

Durante el operativo se efectuaron 19 compras controladas de droga y 11 allanamientos en diversos sectores de Panamá Oeste, entre ellos Nuevo Chorrillo, Barriada 2000, Cerro Silvestre, Burunga, 7 de Septiembre, Bella Vista, Vacamonte, calle El Pescado y Playa Chiquita.

Las autoridades detallaron que, además de las aprehensiones, se logró la incautación de una considerable cantidad de sustancias ilícitas, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos que forman parte de las investigaciones en curso.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de continuar ejerciendo la acción penal ante los tribunales de justicia en los casos que correspondan, conforme a lo establecido por la Constitución y la ley panameña.

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